Más de 85 millones de lempiras fueron transferidos desde el presupuesto estatal a las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA.) con el objetivo de brindar seguridad, apoyo logístico y transporte durante las elecciones primarias celebradas el 9 de marzo de 2025.
No obstante, en Tegucigalpa, los resultados del operativo fueron desastrosos: caos, brotes de violencia y una ciudadanía cada vez más desconfiada de las instituciones encargadas de proteger el proceso democrático.
De acuerdo con el expediente No. 1611-2025 del Estado Mayor Conjunto, fue el general Roosevelt Hernández quien, el 27 de febrero, solicitó a la ministra de Defensa y aspirante presidencial por el partido Libre, Rixi Moncada, que ordenara el traspaso de fondos a las Fuerzas Armadas.
Apenas un día después, el 28 de febrero, Moncada y la gerente administrativa de la Secretaría de Defensa, Sabrina Florisel Bustamante, dirigieron una solicitud formal al Departamento de Sistema de Pagos del Banco Central de Honduras (BCH) para ejecutar una transferencia por 85,489,305 lempiras.
Una vez recibidos los fondos, estos fueron distribuidos internamente en la estructura militar para el 3 de marzo. Según los documentos revisados, la Fuerza Aérea recibió 32.2 millones de lempiras para alimentación, además de 11.5 millones adicionales para un fondo específico con el mismo propósito.
La Fuerza Naval recibió 12.6 millones, el Estado Mayor Conjunto 16 millones y el Comando de la Policía Militar del Orden Público 12.9 millones. Este dinero provenía del presupuesto aprobado por el Congreso Nacional para el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Los informes sobre la ejecución de estos recursos detallan también que se gastaron 945,560 lempiras en telefonía celular, 232,865 lempiras en el alquiler de equipos de comunicación y 40,000 lempiras en transporte.
La Fuerza Aérea reportó 336,015 lempiras en viáticos. El gasto más elevado fue el de alimentación, que alcanzó los 58.2 millones de lempiras. También se destinaron 423,499 lempiras a productos gráficos, 5.4 millones en gasolina, 13 millones en diésel, 1.3 millones en lubricantes y otros 5.4 millones en repuestos y accesorios.
Sin embargo, el despliegue anunciado por la institución militar nunca se concretó de forma efectiva. El día de las elecciones estuvo marcado por el desorden, el extravío de urnas y la entrega tardía de actas, lo que generó indignación entre la población. En lugar de fortalecer la confianza en el sistema electoral, el millonario gasto público terminó profundizando la crisis de credibilidad institucional.
A raíz de estos hechos, diversos sectores políticos y analistas han solicitado que el Ministerio Público incluya a las Fuerzas Armadas en las investigaciones sobre lo ocurrido. El diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas fue enfático:
“El artículo 272 de la Constitución es claro: los encargados de custodiar y transportar el material electoral son los militares. Si fallaron, deben asumir la responsabilidad”. Añadió además que “los errores cometidos el 9 de marzo no deben repetirse el próximo 30 de noviembre”.
Por su parte, la analista política Julieta Castellanos subrayó que el Ministerio Público no debe limitarse a investigar al Consejo Nacional Electoral. “Si solo se analiza el componente administrativo del CNE, se está ignorando el núcleo real del problema”, advirtió.
Y agregó: “Debe indagarse quién ordenó detener el transporte del material electoral, por qué algunos buses iban con apenas dos militares a bordo, y por qué se impidió la entrega del material. De lo contrario, no se puede hablar de una investigación seria ni profesional”.
