La reciente decisión de extender nuevamente el estado de excepción parcial motivó la presentación de un nuevo recurso de inconstitucionalidad contra esta medida, bajo el argumento de que vulnera garantías constitucionales.
La acción fue interpuesta ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por los abogados Fernando González y Andrés Martínez, quienes recalcaron que actuaron a título personal y no en representación de alguna institución.
“Nos hemos apersonado a la Secretaría de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para representar un recurso de inconstitucionalidad en función de que se están violentando las garantías constitucionales en un estado de excepción en pleno proceso electoral”, refirió Andrés Martínez.
Los recurrentes fundamentan la demanda en que, al mantenerse un estado de excepción parcial durante las elecciones generales del 30 de noviembre, podrían verse limitados derechos como la libre locomoción, la libre organización y otras garantías consagradas en la Constitución.
Por su parte, Fernando González argumentó que “es algo inédito e ilegal en la vida constitucional del país. La excepcionalidad se volvió regularidad ordinaria y habitual, algo que es contrario a la Constitución de la República y por ende se presenta la garantía de inconstitucionalidad por vía de acción, de forma parcial y por razón de contenido contra el decreto ejecutivo número PCM 37-2025”.
González añadió que, en su criterio, todas las extensiones del estado de excepción que no han sido aprobadas por el pleno del Congreso Nacional están vulnerando derechos constitucionales, entre ellos la libre locomoción y el derecho a reunirse, tal como lo establece la Carta Magna.
“Han hecho saber que el 30 de noviembre es la madre de las batallas y esto va a venir a perjudicar el desenvolvimiento en la vida democrática del país, porque queda a discreción de los entes policiales en poder capturar o no a aquellas personas que pueden jugar un papel fundamental ese 30 de noviembre del 2025”, puntualizó González.
Este recurso se suma a otros presentados anteriormente contra el estado de excepción parcial, vigente desde el 6 de diciembre de 2022, y que, según opositores a la medida, ha sido prorrogado en al menos 22 ocasiones sin la aprobación del Congreso Nacional, lo que califican como ilegal.
