La audiencia que podría definir de manera definitiva el futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de hondureños residentes en Estados Unidos fue postergada para el próximo 22 de enero de 2026.
Tras cinco horas de deliberación y la presentación de varias mociones, la disputa legal sobre el TPS para inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal alcanzó un punto de inflexión en la Corte Federal del Distrito Norte de California. La jueza que dirige el caso decidió aplazar su veredicto final sobre la cancelación del programa.
Debate jurídico: potestad presidencial y debido proceso
Durante la jornada, los argumentos se centraron en determinar si la terminación del TPS cumplió con los requisitos legales. El equipo legal del expresidente Donald Trump sostuvo que la jueza no tenía la facultad constitucional para intervenir en la decisión, afirmando que otorgar o cancelar el beneficio es potestad exclusiva del Poder Ejecutivo.
Los representantes de los beneficiarios respondieron que la cancelación fue arbitraria y de mala fe, y que no se solicitaron a tiempo los informes oficiales del Departamento de Estado necesarios para evaluar las condiciones reales de los países antes de tomar la decisión.
Uno de los momentos clave ocurrió cuando la jueza cuestionó que la cancelación del TPS se anunciara en julio, mientras que la solicitud del informe oficial se realizó hasta agosto, lo que reforzó los señalamientos de que la decisión ya estaba tomada antes de cumplir con el proceso legal requerido.
Los abogados defensores enfatizaron que Honduras no ofrece condiciones seguras para un retorno masivo y que más de 55,000 hondureños dependen del programa.
El litigio continúa y se mantiene la esperanza
La jueza conoció cuatro mociones y resolvió tres, lo que permitió que la demanda no fuera desestimada y el litigio continúe. La defensa busca una sentencia sumaria parcial que anule la cancelación del TPS.
En apoyo al caso asistieron miembros de la Fundación 15 de Septiembre, hondureños, nicaragüenses, nepaleses, ciudadanos estadounidenses y académicos, entre ellos la catedrática Dana Frank.
Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, instó al próximo mandatario hondureño, quien asumirá el cargo después del 30 de noviembre, a seguir de cerca el proceso y buscar soluciones para los compatriotas afectados.
La lucha continúa, con la resolución programada para el 22 de enero de 2026.
