El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) pidió este jueves al Estado hondureño abstenerse de extender nuevamente el estado de excepción, especialmente durante y después de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, al advertir que la medida acumula más de 1,072 días vigente y ha derivado en graves violaciones a los derechos humanos.
En un comunicado, la titular del Conadeh, Abg. Blanca Saraí Izaguirre, expresó su “profunda preocupación” por la continuidad de la suspensión de garantías constitucionales, la cual —según recordó— el propio Estado había anunciado como “estrictamente temporal”.
El organismo informó que, durante el tiempo que ha estado en vigor el estado de excepción, ha recibido más de 1,000 denuncias, dentro de las cuales se han identificado posibles desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones graves.
El Conadeh recordó que tanto el Sistema Universal como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos han advertido sobre los riesgos de mantener estas medidas de manera prolongada sin evaluar su necesidad, proporcionalidad e idoneidad.
Cuestionan legalidad de las últimas prórrogas
La institución también alertó sobre la falta de aprobación legislativa de los decretos más recientes que extienden la suspensión de garantías, los cuales fueron publicados en La Gaceta sin haber pasado por el Congreso Nacional.
Esto —afirmó— constituye una “grave infracción” al artículo 187 de la Constitución y podría generar responsabilidad penal y administrativa, ya que el Consejo de Secretarios de Estado no tiene facultades para ordenar la publicación de un decreto sin autorización legislativa.
El Conadeh subrayó que la baja en los índices de homicidios no justifica por sí sola la continuidad del estado de excepción, dado que el crimen organizado también opera mediante delitos como extorsión, secuestro, trata de personas, tráfico de drogas y armas, desplazamiento forzado y reclutamiento de menores, entre otros.
También cuestionó que no exista información pública sobre cuántas de las detenciones realizadas durante la medida han terminado en sentencias condenatorias relacionadas con actividades criminales.
La institución señaló con preocupación la falta de control constitucional por parte de la Corte
Recomendaciones a las autoridades
Al Poder Ejecutivo: abstenerse de seguir prorrogando la suspensión de garantías sin justificar plenamente su necesidad, proporcionalidad e idoneidad.
A la Secretaría de Seguridad: implementar medidas integrales y sostenibles contra la violencia, con enfoque de derechos humanos y de género.
A la Corte Suprema de Justicia: ejercer de oficio el control de constitucionalidad correspondiente a los decretos de prórroga del estado de excepción.
