La Corte Suprema de Justicia (CSJ) citó este jueves a Mario Alberto Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), para comparecer a audiencia de declaración de imputado por el delito de prevaricato judicial.
Según la notificación oficial, la audiencia se llevará a cabo el martes 18 de noviembre a las 2:00 p.m.. En ella, los magistrados tendrán el derecho a ejercer su defensa material, declarando o absteniéndose de hacerlo, conforme al debido proceso.
El secretario designado por la CSJ informó que, tras la audiencia, “corresponderá adoptar una medida privativa o sustitutiva como medida cautelar, según los presupuestos que sean acreditados por las partes”.
La acción judicial se deriva tras el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público (MP) contra ambos magistrados, acusados de emitir resoluciones contrarias a la ley.
Problemática: inscripción de candidatos a diputados
Según el expediente, el caso se originó cuando los magistrados ordenaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) la inscripción de Christian Villalobos y Jorge Cálix como candidatos a diputados, pese a supuestas irregularidades en el procedimiento interno del tribunal.
El documento señala que el 27 de octubre, los magistrados resolvieron de forma “irregular y antijurídica” una recusación contra el propio Flores Urrutia, sin integrar el quórum requerido ni seguir el procedimiento establecido en la Ley Orgánica y Procesal Electoral.
De acuerdo con la normativa, en estos casos debe formarse una pieza separada, notificarse al magistrado recusado, suspender el expediente y convocar a un suplente para resolver el incidente.
El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos enfatizó que los magistrados del TJE cuentan con protección constitucional similar a la de otros altos funcionarios electos por el Congreso Nacional.
“Requerir a estos magistrados vulnera la autonomía y la independencia del órgano judicial electoral. No puede ser un juez común quien conozca este caso”, explicó Barrientos.
Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que Flores Urrutia participó en la decisión de la recusación planteada en su contra, lo que constituye una presunta violación a la ley.
La acusación ha generado amplio debate jurídico y político, especialmente por producirse a menos de tres semanas de las elecciones generales, lo que añade tensión al clima electoral del país.
