Tegucigalpa, Honduras
La acción del Ministerio Público de presentar un requerimiento fiscal contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Alberto Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, por el presunto delito de prevaricato judicial, ha generado un intenso debate sobre la constitucionalidad y el impacto político de la medida, a solo 20 días de las elecciones generales.
Según el expediente, los magistrados emitieron resoluciones contrarias a la ley al ordenar al Consejo Nacional Electoral (CNE) la inscripción de Christian Villalobos y Jorge Cálix como candidatos a diputados.
El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos enfatizó que los magistrados del TJE cuentan con protección constitucional similar a la de otros altos funcionarios electos por el Congreso Nacional.
“Requerir a estos magistrados vulnera la autonomía y la independencia del órgano judicial electoral. No puede ser un juez común quien conozca este caso”, explicó Barrientos.
“Tiene que ser un magistrado de la Corte Suprema nombrado por el pleno, quien decidirá si admite o no el requerimiento fiscal. Si no lo admite, se archivan las diligencias. Si lo admite, se abrirá la primera audiencia inicial y se seguirá el procedimiento legal hasta una resolución final.”
Barrientos señaló que este procedimiento es complejo y difícil de resolver en el corto plazo, por lo que sería prácticamente imposible que se llegue a una decisión antes de los comicios.
Por su parte, el analista político Fernando González coincidió en que la acción del Ministerio Público “tiene claros tintes políticos y podría percibirse como persecución”.
“El Tribunal de Justicia Electoral no es subordinado a la Corte Suprema de Justicia. El fiscal general se empecina en perseguir a la oposición política a menos de veinte días de las elecciones”, señaló González.
Según el analista, esta situación genera incertidumbre ciudadana y podría afectar la credibilidad del proceso electoral.
“Mientras el TJE está siendo perseguido, se busca imponer suplentes que le pertenecen a Luis Redondo. Esto sería un golpe directo a la independencia del órgano electoral”, agregó.
Guion político similar al de Venezuela
El diputado liberal Marlon Lara también consideró que la medida refleja una presión indebida sobre los órganos electorales.
“Esto se ve como persecución política del Ministerio Público. Ya habíamos denunciado presiones sobre los consejeros del CNE desde marzo. Hoy se consuma este acto. El proceso necesita garantías plenas para que la ciudadanía y los órganos electorales actúen sin temor”, afirmó Lara.
El legislador recordó que estas acciones podrían afectar la supervisión internacional del proceso electoral y subrayó la importancia de mantener la transparencia y legalidad de los comicios.
Asimismo, el diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas coincidió en que se trata de un acto de persecución política y un “circo” que busca afectar a los magistrados. “A 20 días de las elecciones se busca suspender o inhabilitar a los magistrados. Este es un requerimiento fiscal: no significa culpabilidad ni procedimiento definitivo”, indicó Rivera Callejas.
El congresista enfatizó que la Corte Suprema debe asignar al juez natural en pleno y no a través de su presidencia, para respetar la ley y la Constitución.
Además, advirtió sobre posibles irregularidades: si no se convoca al pleno, la presidenta de la Corte podría designar al juez natural de forma arbitraria, lo que abriría la puerta a la inhabilitación y sustitución de los magistrados por miembros afines al partido de gobierno.
“Esto seguiría un guion político similar al de Venezuela o al Foro de Sao Paulo. Busca controlar el órgano electoral y afectar la imparcialidad de las elecciones”, agregó Rivera Callejas.
Los analistas coinciden en que la vía correcta para juzgar a los magistrados es el juicio político, y que la autonomía del TJE y del CNE debe respetarse. La designación del juez natural, insistieron, debe ser hecha por el pleno de la Corte Suprema.
El requerimiento fiscal se produce luego de que los magistrados Flores Urrutia y Barahona Rodríguez resolvieran, de manera irregular, según el Ministerio Público, la inscripción de dos ciudadanos como candidatos a diputados.
De acuerdo con la investigación, Flores Urrutia había sido recusado por un ciudadano debido a que emitió opinión pública sobre un expediente sin conocerlo formalmente en pleno.
La Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible la solicitud de antejuicio, argumentando que los magistrados del TJE gozan de prerrogativas equivalentes a las de los magistrados de la Corte y no pueden ser acusados mediante ese procedimiento.
Por ello, la Fiscalía presentó el requerimiento fiscal para que la causa sea conocida por un juez natural, dando inicio formal al procedimiento penal, que ahora está bajo observación ciudadana a pocos días de las elecciones.
