Melvin Duarte, vocero del Poder Judicial, confirmó este lunes que el Ministerio Público (MP) ya recibió la notificación oficial de la resolución de la Sala Ad Hoc de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mediante la cual se declara inadmisible la solicitud de antejuicio presentada contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona.
“En efecto, desde las 8:30 de la mañana se realizó la notificación por los canales correspondientes a través de la Secretaría General de la Suprema Corte”, informó Duarte en declaraciones a medios de comunicación.
“Esta resolución fue emitida por un órgano colegiado conformado por trece magistrados permanentes”, precisó.
El portavoz explicó que la Sala Ad Hoc determinó que no corresponde a ese órgano conocer el proceso de antejuicio, por lo que deberán seguirse otras vías procesales.
“La resolución se centra en la inadmisibilidad del mecanismo de antejuicio solicitado por el ente acusador del Estado, considerando lo establecido en el artículo 47 de la Ley Orgánica y Procesal Electoral y en el artículo 421 del Código Procesal Penal, que regulan el procedimiento aplicable”, detalló Duarte.
De acuerdo con fuentes judiciales, el Ministerio Público estaría preparando requerimientos fiscales contra los dos magistrados, que serían presentados ante un juez natural, tal como adelantó el propio vocero judicial al referirse a los pasos que seguiría el ente acusador.o.
Decisión de la Corte
La Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible el antejuicio solicitado por el MP al considerar que el trámite no se ajusta a las disposiciones procesales vigentes. El fallo fue emitido por una Sala Ad Hoc conformada específicamente para conocer la petición en contra de los magistrados del TJE.
El Ministerio Público había solicitado el antejuicio como paso previo para investigar a los magistrados Flores Urrutia y Barahona, en el marco de denuncias por supuestas irregularidades en su gestión.
Duarte reiteró que el Poder Judicial actuó conforme a ley, y que cualquier interpretación o reacción posterior “corresponde al análisis jurídico de cada sector”.
“El Poder Judicial tiene la responsabilidad de resolver las causas sometidas a su conocimiento. Vivimos un panorama complejo en lo político-electoral, y cada quien hará las interpretaciones conforme a sus intereses; nosotros no podemos pronunciarnos sobre cómo actúen otras instituciones”, puntualizó.
