El Ministerio Público (MP) presentó este lunes un requerimiento fiscal contra Mario Alberto Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), por el presunto delito de prevaricato judicial.
De acuerdo con la investigación, ambos funcionarios habrían emitido presuntamente resoluciones contrarias a la ley al ordenar al Consejo Nacional Electoral (CNE) la inscripción de dos ciudadanos como candidatos a diputados, pese a irregularidades en el procedimiento interno del tribunal.
El expediente señala que el 27 de octubre, los magistrados resolvieron de forma “irregular y antijurídica” una recusación contra Flores Urrutia, sin integrar el quórum requerido ni seguir el procedimiento establecido en la Ley Orgánica y Procesal Electoral.
Dicha normativa exige la formación de una pieza separada, la notificación al magistrado recusado, la suspensión del expediente y la convocatoria de un suplente.
Sin embargo, según el MP, el magistrado Flores Urrutia participó en la resolución de una recusación planteada en su contra, lo que contraviene expresamente la ley.
MP presenta requerimiento fiscal contra dos magistrados del TJE por emitir resoluciones contrarias a la ley pic.twitter.com/IOmBu5urLL
— Ministerio Público (@MP_Honduras) November 10, 2025
Sentencia cuestionada
El pasado 28 de octubre, los mismos magistrados emitieron una sentencia definitiva que ordenó al CNE inscribir a los dos aspirantes, pese a que el TJE no estaba debidamente conformado. De acuerdo con el documento, el tercer magistrado propietario ni un suplente fueron convocados, como exige la normativa para que el pleno pueda sesionar válidamente.
La Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible el antejuicio solicitado por el MP al considerar que el trámite no se ajusta a las disposiciones procesales vigentes. El fallo fue emitido por una Sala Ad Hoc conformada específicamente para conocer la petición en contra de los magistrados del TJE.
El Ministerio Público ya había solicitado el antejuicio como paso previo para investigar a los magistrados Flores Urrutia y Barahona por supuestas irregularidades en su gestión.
Melvin Duarte, vocero del Poder Judicial, reiteró que ellos actuaron conforme a ley, y que cualquier interpretación o reacción posterior “corresponde al análisis jurídico de cada sector”.
“El Poder Judicial tiene la responsabilidad de resolver las causas sometidas a su conocimiento. Vivimos un panorama complejo en lo político-electoral, y cada quien hará las interpretaciones conforme a sus intereses; nosotros no podemos pronunciarnos sobre cómo actúen otras instituciones”, puntualizó Duarte.
