El fiscal general de la República, Johel Zelaya, aseguró este lunes que el Ministerio Público hará justicia sin importar quién cometa el delito, tras la emisión de órdenes de captura contra José Carlos Cardona Erazo, exsecretario de Estado en los Despachos de Desarrollo Social (Sedesol), y la diputada del partido Libre por Copán, Isis Carolina Cuéllar Erazo, por su presunta participación en el delito de fraude en perjuicio de la administración pública.
Durante una conferencia de prensa, Zelaya explicó que el requerimiento fiscal es el resultado de una investigación iniciada el 23 de junio de 2025, luego de que se hiciera público, a través de redes sociales y medios de comunicación, un video relacionado con un posible desvío de fondos de Sedesol.
“Ese mismo 23 de junio de 2025 instruí personalmente y públicamente que se comenzaran las investigaciones para despejar dudas y llegar al fondo de la posible corrupción que implicaba ese video”, afirmó el fiscal general.
Zelaya señaló que, pese a los ataques, señalamientos y juicios mediáticos que pusieron en duda el avance del caso e incluso aseguraban que no sería presentado, los equipos de investigación continuaron trabajando de manera técnica y silenciosa.
“Mientras el tema era debatido en foros y espacios públicos, nuestros equipos de investigación trabajaban recopilando pruebas, documentando y realizando análisis financieros para construir un expediente sólido que podamos defender ante la justicia hondureña”, expresó.
Según detalló, la Agencia Técnica de Investigación, en conjunto con fiscales de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), logró identificar la existencia de un mecanismo de corrupción mediante el cual fondos destinados a ayudas sociales para el departamento de Copán fueron presuntamente desviados y utilizados para fines distintos, causando un perjuicio económico al Estado.
Las investigaciones establecen que la diputada Isis Cuéllar, valiéndose de su condición de congresista, gestionó millonarios fondos para ayudas sociales y proyectos comunitarios, los cuales fueron administrados a través del denominado Fondo Administrativo Solidario.
Zelaya explicó que, pese a observaciones técnicas y advertencias sobre la ejecución de los recursos, se crearon mecanismos administrativos que incluyeron la apertura de cuentas bancarias y la aprobación de reglamentos internos, los cuales, en la práctica, permitieron canalizar dinero público sin cumplir los controles exigidos por la ley.
Asimismo, indicó que los funcionarios y exfuncionarios de Sedesol, actuando en contubernio, aprobaron solicitudes que no cumplían requisitos, omitieron verificaciones y controles, y posteriormente presentaron liquidaciones con documentos inconsistentes, facturas repetidas y evidencias que no correspondían a proyectos realmente ejecutados.
“Se hará justicia sin importar quién cometa el delito”, reiteró el fiscal general, al presentar los resultados de la investigación que derivó en el requerimiento fiscal y las acciones judiciales en curso.
Nombre de los acusados
Según el Ministerio Público, las irregularidades detectadas dieron lugar a la imputación de 67 delitos de fraude, atribuidos de forma individual y conjunta a Isis Carolina Cuéllar Erazo, José Carlos Cardona Erazo, Rosy Yanira Martínez González, Luis Manuel Fernández García, Jennifer Nazareth Martínez Suazo, Mirza Nohelia Sánchez Maradiaga, José Manuel Cerrato Villanueva, Reinery Fabrizzio Lazzaroni Soler, Eliud Reinery Aguilar Pineda, Eleny Kassandra Gáleas Arias, Ilsy Valeska Baquedano Mejía e Iris Paola Pérez Moreno.
Será durante la audiencia de declaración de imputado cuando se conozcan en detalle los hechos atribuidos a cada uno de los acusados y se determine el curso del proceso penal.
