Tegucigalpa, Honduras.
La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) advirtió que la prórroga del estado de excepción podría tener un impacto directo en el desarrollo de las próximas elecciones generales.
En un comunicado oficial, la institución señaló que las restricciones de este régimen podrían limitar el proceso electoral, la movilización de votantes, la cobertura periodística, la observación internacional y el monitoreo ciudadano, todos considerados elementos esenciales para garantizar comicios libres y transparentes.
Alertó que mantener un estado de excepción durante un proceso electoral genera un fuerte conflicto entre la seguridad y la democracia. Ambas son importantes, pero deben equilibrarse con mucho cuidado, tal como lo exige la Constitución, subraya el documento.
Cuestionó que el estado de excepción debe ser algo temporal y realmente necesario. Si se mantiene sin una justificación clara ni una amenaza grave, se convierte en una práctica regular y pierde su sentido constitucional, especialmente cuando la gente necesita libertad para participar en elecciones.
Además, recordó que la Constitución prohíbe cualquier acción que directa o indirectamente restrinja la participación democrática, por lo que, la aplicación del estado de excepción en tiempos electorales debe ser interpretada con extrema cautela y bajo los principios de constitucionalidad y respeto a los derechos fundamentales.
“La seguridad ciudadana es un deber esencial del Estado, pero la prórroga del estado de excepción en el marco del proceso electoral solo sería constitucionalmente procedente bajo una justificación excepcional, específica y detallada”, destaca el comunicado.
La universidad agregó que el decreto PCM 37-2025 “no presenta esa justificación reforzada”, por lo que instó al Congreso Nacional, a la Sala de lo Constitucional y a los organismos internacionales de derechos humanos a realizar un profundo análisis de la medida.
Finalmente, la Máxima Casa de Estudios reafirmó su compromiso con la defensa del orden democrático, la supremacía constitucional y el respeto pleno de los derechos fundamentales de la ciudadanía.
