Fuerte rechazo por estado de excepción en elecciones: "Es ilegal"
El Gobierno de Honduras amplió por 45 días el estado de excepción, sin ratificación del CN, abarcando el período electoral. Expertos cuestionan la medida por suspender derechos como la libertad de reunión y la inviolabilidad del domicilio
- 11 de noviembre de 2025 a las 18:32 /
Honduras acudirá a elecciones en un ambiente donde derechos como la libertad de asociación, de reunión y de expresión, así como la inviolabilidad del domicilio, se encuentran restringidos, debido a una nueva prórroga del estado de excepción que entrará en vigencia este miércoles. Será la primera vez que el país celebre comicios bajo un período sin plenas garantías constitucionales.
Así lo advirtieron analistas y expertos, quienes sostienen que la población en general tiene restricciones legales durante un estado de excepción, en el que las autoridades cuentan con mayores facultades para limitar la libre circulación de las personas.
El estado de excepción en Honduras se transformó de una medida temporal en una situación permanente. Fue aprobado por el Poder Ejecutivo inicialmente el 6 de diciembre de 2022, a raíz de un estallido de denuncias por extorsión. Desde entonces, se han aprobado 26 decretos más para ampliar su duración, en su mayoría sin ser ratificados por el Congreso Nacional.
"El estado de excepción parcial, que vence hoy a las 18 horas (6:00 de la tarde), ya fue analizado y extendido una vez más en el Consejo de Ministros realizado ayer (martes) y estaremos entrando hoy a una nueva extensión por 45 días más", expresó Gustavo Sánchez, ministro de Seguridad, al noticiero Hoy Mismo.
Poca efectividad
El ministro de Seguridad sostuvo en recientes declaraciones a medios que el estado de excepción “es la única herramienta jurídica que el Estado hondureño le ha brindado a la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público como medida extraordinaria para brindar seguridad y paz a la población”.
Manifestó que han realizado 1.7 millones de operaciones desde que está vigente el estado de excepción parcial, lo que representa 1,600 operaciones por día. “Hemos cumplido la ley. Algunos funcionarios se han apartado del cumplimiento de la ley y somos muy responsables de la aplicación en el estado de excepción”.
Añadió que se trata de una medida parcial, porque solo se aplica en la comisión de cinco delitos relacionados con el crimen organizado, por lo que se dirige a estructuras criminales. Igualmente, en todos los casos debe haber un expediente investigativo previo autorizado por el Ministerio Público (MP), que debe convalidar las acciones.
“Este estado de excepción parcial nos ha permitido, a casi cuatro años de haber iniciado este gobierno, una reducción del 50 por ciento en la tasa de homicidios, la incautación de más del 80 por ciento de las armas de fuego que han sido retiradas de las calles, así como el decomiso de varias toneladas de cocaína y la erradicación de arbustos de hoja de coca”, detalló.
Sin embargo, analistas consultados por LA PRENSA Premium cuestionaron la efectividad del instrumento, que suele aplicarse en situaciones temporales y de emergencia. El razonamiento es simple: la mayoría de detenciones realizadas por la Policía bajo el estado de excepción no terminan en requerimientos fiscales. En contraste, una mínima cantidad concluye con sentencia condenatoria al final del proceso judicial.
Nelson Castañeda, director de Seguridad de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), afirmó que es preocupante y alarmante que en Ginebra, Suiza, durante el Examen Periódico Universal (EPU), se haya cuestionado a Honduras por el estado de excepción, la presión electoral y los ataques contra la prensa.
“Ya en el Examen Periódico Universal diferentes países se pronunciaron frente a Honduras con advertencias y recomendaciones respecto al uso desmedido del estado de excepción, porque se reconoce que es una clara violación al pacto de derechos políticos y fundamentales a los que Honduras está suscrito", amplió.
Castañeda se había adelantado al afirmar que la nueva aprobación del estado de excepción era inminente, tal y como ocurrió. Todas las autoridades han acuerpado esta medida: desde diputados del partido Libertad y Refundación (Libre), pese al discurso a favor de los Derechos Humanos que enarbolan, hasta la cúpula de la Secretaría de Seguridad.
“Eso preocupa más, porque vemos que nuestras autoridades no son conscientes del peligro que conlleva la suspensión de derechos y garantías constitucionales. Vivimos en un país democrático, en una República donde se respeta el Estado de derecho”, fustigó.
Añadió que el tema de la inseguridad es una realidad que se arrastra desde hace mucho tiempo y que no se ha hecho nada: “La inseguridad es parte de la incapacidad del sistema de justicia para proveer de seguridad a la ciudadanía hondureña”.
Castañeda aseguró que la estrategia de combate a la criminalidad no debería fundamentarse en suspender derechos o garantías, sino en voluntad y organización.
“El estado de excepción cumple casi tres años y aún se desconocen indicadores sobre cuándo se pretende terminar la medida. Es ilegal porque no se cuenta con la ratificación del Congreso Nacional, como lo establece la Constitución de la República en su artículo 187", expresó, en alusión a una decena de decretos que no recibieron el visto bueno del Poder Legislativo.
Además, criticó la narrativa que afirma que durante el estado de excepción se combate específicamente cinco delitos, cuando existen informes del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) que señalan que los reportes policiales incluyen actuaciones por escándalo en la vía pública o delitos sexuales. “No tiene sentido que la Policía reporte el trabajo que por mandato le corresponde como una respuesta ante el estado de excepción”.
“Hablan de millones de actuaciones de la Policía, y le aseguro que no van conectadas con los cinco delitos. Cuando se evalúan los datos del sistema de justicia en general, tenemos una gran cantidad de detenciones, pero muy pocos requerimientos y sentencias”, puntualizó.
Sin libertad de reunión
La ASJ presentó un recurso de inconstitucionalidad en contra del estado de excepción el pasado 5 de febrero, pero este proceso no avanza porque Casa Presidencial no ha respondido a la solicitud que hizo la Sala Constitucional para conocer los antecedentes de todos los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo. Esta semana, los magistrados reiteraron la solicitud y dieron un plazo de cinco días hábiles para contestar.
Para el analista Leonardo Pineda, el estado de excepción no debería existir en una época de elecciones, pues algunos de los derechos estipulados en la Constitución están limitados.
“La ciudadanía cree que no ha tenido los resultados que realmente se esperaría con esa medida, y no se justifica que exista ni que sigan aprobando nuevos decretos para continuarla”, consideró.
Pineda sostiene que el estado de excepción es un arma de doble filo, porque mucha gente ya se dio cuenta de que si los PCM no son ratificados en el Congreso Nacional, no tienen peso jurídico. Por tanto, los procedimientos legales realizados por las autoridades quedarían invalidados y los delincuentes, al final, logran su libertad.
Dijo que conoció un caso en el que el delincuente terminó denunciando y procesaron a un funcionario policial por no haber cumplido con lo establecido en la ley, pero todo ocurrió en el marco del estado de excepción.
En tanto, Javier Acevedo, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), explicó que las implicaciones del estado de excepción se traducen en "riesgos que pueden ocurrir en el marco del proceso mismo, y esto particularmente alrededor de la libertad de reunión, pero también del ejercicio del derecho mismo a movilizarse, que pudiera ser obstaculizado justo por la aplicación de medidas de excepción".
"Quizá el problema más grande que podemos tener es que la Policía o las Fuerzas Armadas, en el uso de este decreto, pueda impedir el acceso de ciertas personas o grupos a los centros electorales, pero es esencialmente especulativo, en tanto no hay y no ha habido hasta la fecha acciones que muestren esa tendencia", expuso.
No obstante, "siempre es preferible que el ejercicio electoral se desarrolle sin ningún tipo de restricciones presuntas o reales, y en ese sentido, lo correspondiente en este caso sería que se levantara esta suspensión de garantías, que deje de aplicarse y que podamos asistir al proceso electoral sin ningún problema".
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Este artículo fue revisado y aprobado por un editor con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial.
