Estado de excepción se declaró este jueves en todo Honduras por la presidenta Xiomara Castro. En conferencia de prensa, Castro, acompañada por los altos mandos policiales, informaron que declaran “la guerra a la extorsión”, liderada por maras, pandillas y otros criminales.
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Castro declaró que “la extorsión está inmersa en diferentes áreas de nuestro país, es una de las principales causas de la migración y cierre de pequeños y medianos negocios. Con la presentación del plan, este gobierno le declara a la extorsión, así como le declaramos la guerra a la corrupción y narcotráfico”.
Asimismo, Castro precisó que “mi compromiso es devolverle la seguridad al pueblo hondureño y vamos a erradicar la extorsión hasta en el último rincón de nuestra patria. Contaremos con un sistema de investigación e inteligencia bancario”.
Castro Sarmiento anunció que se suspenden las garantías constitucionales.
“Declaro emergencia nacional en seguridad nacional e instruyo a la Policía a establecer estados de excepción y suspender garantías constitucionales donde se amerite. Ordeno que los controles en fronteras deben hacerse con las Fuerzas Armadas y la Policía Militar”, acotó.
Castro también dio la directriz a Conatel para controlar la venta de chips para teléfonos, proceso que se hará únicamente con identificación de las personas.
“A la Comisión Nacional de Bancos y Seguros establecer las medidas necesarias para que los movimientos bancarios sean con la identificación de las personas”, cerró.
Estado de excepción
Un estado de excepción es la aplicación de un dispositivo que se encuentra estipulado en la constitución de un país, el cual puede ser utilizado por el jefe de estado en caso de que exista una situación de desorden o de conflictos que perturben el orden interno de esa nación con el objeto de poder hacerle frente de manera adecuada. Cuando se establece un estado de excepción en una zona del país, automáticamente los derechos fundamentales de los ciudadanos residentes de dicha zona quedan suspendidos de manera parcial o total.
Limita el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio y correspondencia, libertad de tránsito, de asociación, de reunión y de información.
