Sala Constitucional definirá legalidad del estado de excepción

La magistrada Isabela Bustillo indicó que el fallo podría emitirse antes del proceso electoral, con el objetivo de responder a las demandas ciudadanas y de organismos nacionales e internacionales

Sala Constitucional definirá legalidad del estado de excepción
Tegucigalpa.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolverá en los próximos días la legalidad del estado de excepción vigente en Honduras, luego de diversas denuncias por supuestas violaciones a los derechos humanos durante su aplicación.

La magistrada Isabela Bustillo indicó que el fallo podría emitirse antes del proceso electoral, con el objetivo de responder a las demandas ciudadanas y de organismos nacionales e internacionales.

“Esperaríamos que pudiera ser antes de los procesos electorales. Estamos con la intención de acelerar el conocimiento del mismo, pero recordando también que somos cinco magistrados los que conocemos estos recursos”, explicó.

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Bustillo subrayó que los recursos presentados deben seguir un proceso formal, pero reiteró el compromiso del tribunal en dar una respuesta oportuna.

La Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) interpuso un recurso con suspensión del acto reclamado, argumentando que el estado de excepción ha derivado en constantes abusos y violaciones de derechos fundamentales.

De acuerdo con cifras oficiales, durante su aplicación se han ejecutado 22,497 órdenes de captura, 63,962 allanamientos y la detención de 37 personas solicitadas en extradición.

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El portavoz de la Secretaría de Seguridad, Miguel Martínez Madrid, explicó que la nueva ampliación entró en vigor el lunes 29 de septiembre a las 6:00 p. m. y concluirá el 12 de noviembre a la misma hora. “Esta prórroga nos permitirá continuar la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, incrementar las capturas por extorsión, decomisar más armas y reducir la incidencia delictiva”, declaró.

Según Martínez Madrid, el estado de excepción ha facilitado la captura de 5,069 personas vinculadas a extorsión y 79,417 por otros delitos, consolidándose como una de las estrategias más prolongadas y de mayor alcance en materia de seguridad en la historia reciente del país.

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Redacción La Prensa
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