A dos años y medio de haberse instaurado el estado de excepción en Honduras, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) concluyó que la medida ha fracasado en mejorar la seguridad ciudadana. Actualmente, se aplica en 223 de los 298 municipios del país, abarcando al 91 % de la población.
La ASJ criticó que, pese a las restricciones vigentes, los hondureños siguen siendo víctimas de extorsión, microtráfico de drogas y homicidios. La medida fue establecida el 6 de diciembre de 2022, inicialmente en 73 municipios identificados con altos índices de criminalidad.
Según el organismo, de las 21 declaratorias realizadas desde entonces, solo una ha sido ratificada conforme a lo establecido en la Constitución. Varias ampliaciones se aprobaron con retrasos de hasta 30 días o sin ratificación, lo que, a juicio de la ASJ, viola el artículo 187 de la Carta Magna.
Uno de los principales objetivos del estado de excepción era combatir la extorsión. Sin embargo, en 2024, el 11.6 % de los hogares hondureños —unas 304,388 personas— han sido víctimas de este delito, según datos recopilados por la organización.
Los municipios con mayor número de denuncias de extorsión son el Distrito Central, San Pedro Sula y Choloma. No obstante, por tasa poblacional destacan La Ceiba, Valle de Ángeles y Tatumbla, zonas que también figuran entre los principales destinos turísticos del país.
Entre diciembre de 2022 y diciembre de 2024 se registraron 6,056 homicidios en todo el territorio nacional. Los municipios con más casos fueron el Distrito Central, San Pedro Sula, Choloma, Catacamas, La Ceiba, Juticalpa y Comayagua. En contraste, algunos municipios como Alianza, Maraita, San José (Comayagua) y Yarula no reportaron homicidios durante la vigencia del estado de excepción, según el análisis de la ASJ.
Leandro Osorio, exdirector de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), afirmó que el principal obstáculo es la falta de capacidad investigativa. Criticó que los ministros de Seguridad han carecido de experiencia policial y advirtió que, sin fortalecimiento técnico, la criminalidad continuará operando con impunidad.
Por su parte, Gustavo Sánchez, ministro de Seguridad, ha asegurado que los homicidios han disminuido y que “vamos bien”.
No obstante, empresarios del sector transporte, como Wilmer Cálix, denunciaron que el cobro de extorsión persiste sin control, afectando gravemente a ese rubro económico.
