La transformación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) abrirá un nuevo debate en el Congreso Nacional, donde dos propuestas plantean reorganizar la estatal, pero mantienen diferencias sobre la propiedad de los activos y el manejo de la deuda histórica.
Por un lado está la Ley de Justicia Energética, presentada por la bancada del Partido Liberal, y por otro, el dictamen de reformas a la Ley General de la Industria Eléctrica, impulsado por el Poder Ejecutivo.
Ambas propuestas parten de un mismo diagnóstico: la Enee necesita una transformación para reducir las pérdidas, mejorar su operación y recuperar su capacidad de inversión.
El dictamen promovido por el Ejecutivo señala que las pérdidas técnicas y no técnicas de la estatal han rondado históricamente entre 30% y 35% de la energía generada, situación que afecta sus ingresos y limita los recursos destinados a mejorar el sistema eléctrico.
Las dos iniciativas coinciden en separar las principales actividades de la Enee en generación, transmisión y distribución, mediante empresas subsidiarias con responsabilidades diferenciadas.
También mantienen a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree) como ente regulador y al Operador del Sistema y del Mercado (OSM) a cargo de las funciones relacionadas con la operación del sistema eléctrico y el mercado.
La disputa por los activos
Una de las principales diferencias entre ambas propuestas está en el destino de los bienes de la estatal.
El proyecto del Ejecutivo plantea que los activos, pasivos, personal y contratos relacionados con cada actividad sean transferidos a las nuevas empresas subsidiarias como parte del proceso de reorganización.
La iniciativa liberal propone un modelo diferente. La Enee matriz conservaría la propiedad de los activos, mientras que las subsidiarias únicamente podrían administrarlos, operarlos, mantenerlos y custodiarlos.
El proyecto establece expresamente que esa asignación no constituiría una transferencia de dominio y que los bienes continuarían formando parte del patrimonio de la Enee.
La Ley de Justicia Energética también plantea que la Enee matriz mantenga el 100% de las acciones de las subsidiarias y establece restricciones para impedir que esa participación pueda diluirse mediante nuevas emisiones de acciones u otros instrumentos financieros.
Además, incorpora límites para la venta, cesión, transferencia o gravamen de esas participaciones.
Esto no significa que se cierre la puerta a la inversión privada en el sector eléctrico. Ambas propuestas mantienen espacios para la participación privada y la competencia bajo las reglas del mercado.
La diferencia está en quién conservará el control de las empresas estatales y de sus activos estratégicos una vez que se concrete la transformación de la Enee.
¿Quién pagará la deuda?
Otro de los puntos relevantes está relacionado con la deuda acumulada por la estatal eléctrica.
La propuesta liberal establece que, durante 10 años, el Estado asumiría el pago y servicio de la deuda financiera y otras obligaciones históricas de la Enee matriz, de acuerdo con la normativa aplicable.
El objetivo es que las nuevas empresas de generación, transmisión y distribución puedan comenzar sus operaciones con una estructura financiera menos comprometida por las obligaciones acumuladas.
Durante ese mismo período, la Enee matriz tendría que ejecutar un Programa de Recuperación Operativa y Financiera, con metas relacionadas con la reducción de pérdidas, recuperación de ingresos, eficiencia, flujo de caja y capacidad de inversión.
Los resultados serían medidos mediante indicadores de desempeño y podrían hacerse públicos, además de establecerse mecanismos de seguimiento al proceso de recuperación de la estatal.
Con ambas propuestas sobre la mesa, el Congreso Nacional deberá definir no solo cómo se dividirán las operaciones de la Enee, sino también quién conservará sus bienes, cómo se administrará su deuda y qué modelo de empresa eléctrica tendrá Honduras en los próximos años.
