De ser aprobada por el Congreso Nacional, la Ley de Justicia Tributaria frenará la inversión nacional y extranjera en la producción de energía renovable y someterá a los hondureños al consumo de electricidad generada, en gran parte aún, por plantas térmicas.
El artículo 16 de la propuesta de esta nueva ley, en el numeral 4, ordena derogar la “Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables contenida en el decreto 70-2007 del 31 de mayo de 2007 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 31,422 el 2 de octubre de 2007 y sus reformas e interpretaciones”.
El artículo 2 reformado de la Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables establece que “como medidas de política estatal orientadas a preservar, conservar y mejorar el ambiente y, en concordancia con el artículo 81 de la Ley General del Ambiente, las personas naturales y jurídicas, así como sus contratistas, que conforme a esta ley desarrollen u operen proyectos de generación de energía eléctrica utilizando recursos naturales renovables nacionales, gozarán de los incentivos” fiscales.
Hasta ahora, según esa ley, los inversionistas están exentos “del pago del impuesto sobre ventas sobre todos aquellos equipos, materiales, repuestos, partes, aditamentos, servicios y cualesquiera bienes y servicios que estén destinados o relacionados directamente con la infraestructura necesaria para la generación de energía eléctrica con recursos renovables, incluyendo pero sin limitarse a sistemas, materiales, maquinarias y equipos para turbinas, generar, controlar, regular, transformar y/o transmitir la energía; así como equipos y maquinarias para la construcción”.
Dato
34.8% Generación térmica en 2022. Hace más de una década, la generación térmica tenía una participación superior al 60%, hoy es menos de 35%.
La Ley de Energías Renovables exceptúa los “ vehículos automotores cuya función principal sea el transporte de personas, que sean utilizados en el estudio, desarrollo, diseño, ingeniería, construcción, instalación, administración, operación y mantenimiento de la planta de generación de energía eléctrica renovable” y, a la vez, dice que “el impuesto sobre ventas que haya sido pagado por el desarrollador previo al inicio de la construcción del proyecto será objeto de crédito fiscal una vez que se haya iniciado la construcción (...)”.
La gama de beneficios gozados por personas naturales y jurídicas que construyen y operan estos proyectos es tan amplia que no solo considera el impuesto sobre venta, sino otros tributos fundamentales para el fisco.
El numeral 3 del artículo 2 reformado dice que todos los involucrados en la producción de energía limpia están exonerados “del pago del Impuesto sobre la Renta, Aportación Solidaria Temporal, Impuesto al Activo Neto, Impuesto de Ganancia de Capital y todos aquellos impuestos conexos a la renta por diez años, equivalente a ciento veinte meses, contados a partir de la fecha de inicio de operación comercial del proyecto de generación de energía con recursos renovables, establecida a través de la certificación de inicio de operaciones comercial emitida por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) o la certificación emitida por la Comisión Nacional de Energía, en su defecto”.
Además, la ley dice que “en casos de proyectos que se construyan por etapas dentro del mismo período de diez años y a solicitud del desarrollador del proyecto, esta exoneración incluye la renta originada por la potencia y su energía asociada entregada durante el período de construcción de la planta de energía renovable”.
Logro
Cuando el Congreso Nacional aprobó esa ley, después de varias décadas de cabildeos y espera de parte de inversionistas, más del 60% de la energía eléctrica consumida por los hondureños era generada con petróleo, 32.7% hidráulica y 5.7% biomasa.
Gracias a esa ley, hoy amenazada por la Ley de Justicia Tributaria, la empresa privada desarrolló en década y media más de 50 proyectos (entre medianos y grandes) y logró revertir la matriz energética: más de 67% renovable y la diferencia térmica.
Según el boletín estadístico de enero de 2023 de la Enee, la matriz de energía eléctrica generada en 2022 en el sistema interconectado nacional estuvo compuesta por hidráulica (37.3%), térmica (34.8%), biomasa (4.3%), eólica (6.6%), fotovoltaica (9.1%), geotérmica (2.7%), carbón (3.2%) e importación (1.9%).
Considerando esa ley y los progresos obtenidos en los últimos años, el Estado de Honduras se propuso, a través de la Ley de Visión de País y Plan de Nación (2009), lograr el 80% de generación renovable para 2038, sin embargo, con la ofensiva tributaria que quiere ejecutar el nuevo gobierno difícilmente el país alcanzaría esa meta.
Pese a que la propuesta del gobierno es tajante y clara sobre la derogación de estos incentivos, Erick Tejada, ministro de la Secretaría de Energía, ha asegurado en los últimos días que “la Ley de Justicia Tributaria no impondrá impuestos a las remesas ni encarecerá el costo de la energía eléctrica. Lo que hará es que los ultrarricos y cúpulas empresariales que no han pagado impuestos por décadas paguen impuestos”.
Reacciones
Miembros de la Asociación Hondureña de Energía Renovable, pese a que consideran que la Ley de Justicia Tributaria afectará a este sector, evitaron ofrecer declaraciones sobre el tema al ser consultados por Diario LA PRENSA.
La propuesta de ley, en proceso de socialización, ha desencadenado una serie de reacciones adversas dentro del sector empresarial porque sacudirá un andamiaje de incentivos instaurado como parte de una estrategia energética nacional.
Por ejemplo, Luis Larach, expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) e inversionista en energía, ha advertido que si el Gobierno elimina los incentivos fiscales “no vendrán inversionistas a Honduras”.
“Con los incentivos que tenemos ha sido difícil que vengan. No vendrían a invertir en generación de energía eléctrica lo cual, también, no vemos que sea el deseo del sector gobierno. Ellos quieren cambiar la matriz energética: 80% gobierno y 20% sector privado, lo cual es un sistema que no trabaja (...). Guatemala es el único país de la región que tiene excedentes, que está vendiendo esos excedentes a precios superbaratos, pero es porque siguieron una línea de un sistema de la ley de energía que teníamos nosotros, la tomaron, la copiaron, la mejoraron y la implementaron”, dijo Larach a medios de comunicación.
Algunos de estos proyectos, como una planta de biomasa que opera en el parque industrial Elcatex, Choloma, Cortés, la construyeron los inversionistas con dinero otorgado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) por medio del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Recientemente, Enmamuel Pineda, embajador de Francia, visitó esa planta para constatar los resultados de la cooperación.
