Tegucigalpa. La Procuraduría General de la República (PGR) reaccionó tras las publicaciones de la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández y confirmó la interposición de un recurso de apelación para revocar el sobreseimiento definitivo dictado a su favor en el denominado caso Pandora II.
La institución busca que se dicte auto de formal procesamiento contra el exmandatario por los delitos de fraude y lavado de activos.
De acuerdo con el comunicado oficial de la PGR, la trama anticorrupción involucra la sustracción de L 288,016,175.00 del erario público entre 2010 y 2014 mediante convenios simulados entre la Secretaría de Agricultura y Ganadería y las fundaciones DIBATTISTA y TODOS SOMOS HONDURAS.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas, al menos L 62,026,784.44 habrían sido desviados directamente para financiar la campaña política de Hernández.
Liberación de testigo clave y exclusión de pruebas
La entidad estatal denunció serias anomalías durante el proceso judicial, destacando que el pasado 12 de agosto de 2026, día en que se proponen las pruebas, un juez de ejecución puso en libertad de manera unilateral al testigo clave Fernando Suárez, quien manejaba las fundaciones.
Según la PGR, la decisión se tomó "sin audiencia ni notificación a las partes, sin asignarle seguridad pese a su condición de testigo protegido, sin consignar dirección alguna" y teniendo pendiente el pago de una multa por L 288,016,175.00.
Aunado a ello, la PGR reprochó que el juez de la causa inadmitió 22 de los 38 medios de prueba propuestos (cerca del 58% de la carga probatoria), argumentando que los recibos y facturas no estaban a nombre del imputado. Ante esto, la institución increpó judicialmente al juzgador:
"...nos resulta increíble que estemos ante un juez especializado en materia de criminalidad organizada y corrupción y que descarte los medios de prueba por no estar a nombre del acusado, y que se nos exija prueba directa para acreditar el delito de lavado de activos. Se utilizará prueba indiciaria, pues el lavado de activos se comete mediante la ocultación del origen, el rompimiento de la trazabilidad y la utilización de empresas fachada y testaferros, casi nunca por el titular de la acción".
El informe también destaca la desestimación de 80 constancias de comunidades afectadas que no recibieron los fondos para proyectos sociales por considerarlas "excesivas". Además, la PGR desmintió las versiones de la defensa al aclarar que las auditorías previas no comprendieron el "Fondo Departamental".
Finalmente, la Procuraduría confirmó que interpuso dentro del plazo legal un "recurso de apelación sólido y suficiente ante la Corte de Apelaciones designada, a fin de que se revoque el sobreseimiento definitivo dictado a favor de Juan Orlando Hernández y se dicte auto de formal procesamiento por los delitos de fraude y lavado de activos, por encontrarse acreditada la mínima actividad probatoria sobre su participación".
