Juez determinó que no hubo pruebas suficientes contra Juan Orlando Hernández
Un juez dictó sobreseimiento definitivo a Juan Orlando Hernández en el caso Pandora II, al determinar que no hubo pruebas suficientes para implicarlo.
- Actualizado: 01 de septiembre de 2026 a las 02:00 -
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Un juez ha dictado un sobreseimiento definitivo a favor del expresidente Juan Orlando Hernández en el caso Pandora II, en el que se le acusaba de fraude y lavado de activos.
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Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, explicó durante la lectura de la resolución en la audiencia inicial que el juez determinó que no había pruebas suficientes que implicaran a Hernández en el caso de corrupción planteado por el Ministerio Público.
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"En cuanto al delito de lavado de activos, no se comprobó la trazabilidad de los fondos adquiridos. De los 138 beneficiarios del caso, ninguno aparece como receptor de fondos que involucren a Juan Orlando Hernández", aseguró Silva.
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La resolución también indica que el motivo del sobreseimiento es que "no se encontraron pruebas de complicidad, engaño o dolo".
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El sobreseimiento definitivo es una resolución judicial que finaliza de manera permanente un proceso penal contra una persona. En otras palabras, el juez o tribunal determina que no existen elementos suficientes para seguir con la acusación o que hay alguna causa legal que impide continuar con el caso.
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Esta decisión implica que el caso se cierra para el acusado y, a diferencia del sobreseimiento provisional, no puede reabrirse por los mismos hechos y bajo las mismas circunstancias.
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El sobreseimiento definitivo no es necesariamente una declaración de inocencia, sino que indica que, según los elementos analizados y la legislación aplicable, no hay una base jurídica para mantener el proceso penal. Una vez que la resolución queda firme, se cierra definitivamente el expediente para la persona beneficiada.
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El caso Pandora II es una investigación sobre un supuesto esquema de desvío de fondos públicos que tuvo lugar entre 2010 y 2013.
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Según la acusación presentada por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), se habrían canalizado alrededor de 288 millones de lempiras a través de las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista, mediante convenios y procedimientos que la Fiscalía considera irregulares.
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La investigación sugiere que parte de esos recursos habría financiado actividades políticas vinculadas con la campaña presidencial de Hernández en 2013.
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En el expediente, el Ministerio Público atribuyó a Hernández los delitos de fraude y lavado de activos, al señalarlo como beneficiario de una parte de los fondos supuestamente desviados.
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La Fiscalía sostiene en la acusación que aproximadamente 62 millones de lempiras estarían relacionados con recursos que habrían llegado a estructuras políticas vinculadas al entonces candidato presidencial, incluyendo los movimientos 'Azules Unidos' y 'Amigos de JOH'.
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