El candidato presidencial del Pinu, Nelson Ávila, se presentó ante el Ministerio Público para interponer un recurso electoral que exige conteo “voto por voto”, con el fin de comparar cada sufragio con las actas originales y verificar las firmas de las Juntas Receptoras de Votos.
Ávila asegura que los resultados divulgados mantienen un patrón estadístico “matemáticamente imposible”, lo que, en su criterio, evidencia un fraude “sistémico y sistemático, virtual y físico”.
Según sostiene, la repetición constante de porcentajes similares en la carga de actas sería señal de manipulación técnica del sistema de transmisión de resultados.
El presidenciable también denunció la exclusión de miles de hondureños radicados en el exterior, una situación que considera una violación directa al derecho al sufragio y que, afirma, incide en la legitimidad del proceso.
Las acusaciones de Ávila se desarrollan en un ambiente político tenso. La campaña electoral estuvo marcada por denuncias anticipadas de fraude y desconfianza en la transparencia institucional, mientras Honduras enfrenta una contienda considerada decisiva para su rumbo democrático.
Otros actores políticos también han cuestionado el sistema de transmisión y divulgación de resultados, señalando fallas técnicas, suspensiones repentinas y presuntas alteraciones de datos. Incluso representantes del oficialismo han denunciado un supuesto “golpe electoral” con participación de actores internos y extranjeros.
Pese a la ola de señalamientos públicos, el Ministerio Público ha informado que hasta el momento solo se han recibido un número limitado de denuncias formales por delitos electorales, lo que algunos consideran contradictorio frente a la magnitud de las acusaciones mediáticas.
Ávila insiste en su desafío a las autoridades: “Si no temen a la verdad, que abran las urnas”, mientras la incertidumbre electoral continúa elevando la tensión en el país, a la espera de que se definan los resultados finales y se determinen las acciones institucionales a seguir.
