TEGUCIGALPA, HONDURAS
El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, cuestionó los intentos de sectores políticos de desconocer el proceso electoral de 2025 y exigir la nulidad de las elecciones.
El también asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) recordó que la ley es clara y establece que ningún partido tiene facultades para invalidar los comicios.
“Ningún partido político tiene la facultad de declarar la nulidad de un proceso electoral; esa es competencia exclusiva del Consejo Nacional Electoral (CNE)”, afirmó.
Explicó que dicha potestad solo puede ejercerse cuando se cumplen las causales establecidas en el artículo 298 de la Ley Electoral, y que, al no existir tales condiciones, “la solicitud de nulidad debe declararse inadmisible”, como lo dispone el artículo 300.
Solórzano calificó como un “irrespeto a la democracia y al pueblo” que actores políticos amenacen con no reconocer la transición de un gobierno a otro. Consideró esa postura como “un acto antidemócrata que solo evidencia la falta de madurez política”.
El dirigente gremial destacó que el pueblo hondureño votó “masivamente, en paz y con esperanza”, expresando una voluntad clara. Aseguró que “más del 80% votó por la paz y el bienestar común, votó en contra del odio y la división”, y enfatizó que esa decisión soberana debe ser respetada.
Asimismo, señaló el rol constitucional de las Fuerzas Armadas una vez que el CNE emita la declaratoria oficial del ganador de la Presidencia de la República.
“Las Fuerzas Armadas deben cumplir su rol de garantizar la alternabilidad en el ejercicio del poder ejecutivo y el respeto al orden democrático”, recordó.
Solórzano también hizo un llamado a los dos partidos con mayor votación, el Partido Liberal y el Partido Nacional, para que “abran los ojos, no caigan en trampas y respalden la institucionalidad del país”. Subrayó que la ciudadanía “ya decidió y merece respeto, estabilidad y gobernabilidad”.
Finalmente, rechazó toda forma de violencia o bloqueo de vías, advirtiendo que cualquier intento de alterar la paz social es inaceptable.
“El camino es el de la ley, la Constitución y la voluntad popular”, afirmó. Además, advirtió que los intentos de deslegitimar el proceso electoral representan “una amenaza a la estabilidad democrática”, y que pretender aferrarse al poder sin el reconocimiento del pueblo constituye “un acto de doble moral”.
