Durante la audiencia de juicio político en el Congreso Nacional, el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, afirmó que el proceso en su contra responde a intereses políticos y que busca apartar a funcionarios que, según dijo, no se han sometido a presiones externas.
“Este es un juicio politizado para sacar de escena a los funcionarios que no nos sometimos”, expresó.
Morazán cuestionó la legalidad del procedimiento al señalar que la normativa de juicio político sería contraria a resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Además, calificó como “sesgadas” las preguntas realizadas por la comisión investigadora y solicitó que sus objeciones quedaran consignadas en acta.
En relación con su participación en sesiones del TJE, el magistrado suspendido explicó que hasta el 7 de enero el pleno había autorizado reuniones vía Zoom, pero que posteriormente no existía un marco normativo vigente que habilitara ese mecanismo. Aseguró que su inasistencia a algunas sesiones respondió a esas condiciones administrativas.
Sobre decisiones clave del tribunal, Morazán indicó que no participó en la sentencia del caso Cálix y Valle porque no fue convocado. También sostuvo que en otras ocasiones no asistió debido a situaciones internas del pleno, incluyendo procesos de recusación que involucraban a la presidencia del órgano electoral.
El magistrado suspendido también reaccionó a señalamientos sobre la fallecida exfuncionaria Miriam Barahona, lamentando lo que calificó como un intento de instrumentalizar su imagen para generar odio en su contra. Sin embargo, afirmó que, a su juicio, la funcionaria no se encontraba en condiciones físicas y mentales óptimas para ejercer el cargo.
Durante la audiencia también surgieron cuestionamientos políticos, incluyendo referencias al golpe de Estado de 2009 y a la presidenta Xiomara Castro. En ese contexto, Morazán aseguró que durante el gobierno no tuvo contacto con la mandataria ni recibió instrucciones de su parte.
El magistrado agregó que sus actuaciones han sido estrictamente apegadas a la ley y advirtió que, en caso de una eventual destitución, instancias internacionales podrían considerar el proceso como una “aberración jurídica”.
En medio del tenso debate, también se produjo un intercambio con el diputado Kilvett Bertrand, luego de que se mencionara una medalla otorgada por la presidenta Xiomara Castro en reconocimiento a su participación en la lucha tras el golpe de Estado de 2009, lo que generó cuestionamientos sobre su independencia.
Morazán concluyó señalando que no se prestó, según sus palabras, a irregularidades en el proceso electoral y atribuyó las acusaciones en su contra a presuntas injerencias políticas dentro del Tribunal de Justicia Electoral.
