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Tras instalarse desde tempranas horas del martes frente al Congreso Nacional con pancartas, oraciones y tiendas de campaña, un grupo de alrededor de 400 inversionistas de Koriun Inversiones será finalmente recibido este miércoles por el presidente del Legislativo, Luis Redondo.
Así lo confirmó el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Juan Barahona, quien dijo que la reunión se realizará, aunque aún no se conocen los puntos específicos de la agenda ni los posibles resultados. “Nos dijo el presidente que nos va a atender, pero desconocemos los puntos que traen ellos”, señaló Barahona.
La medida busca atender el descontento de los afectados y definir el rumbo de este conflicto económico que ha afectado al menos 300 mil familias a nivel nacional, según datos de los propios socios.
La comisión que dialogará con Redondo está compuesta por nueve representantes de Koriun, provenientes de Choloma, San Pedro Sula, Santa Bárbara y Choluteca, departamentos donde operaba Koriun Inversiones.
Los inversionistas emprendieron su viaje a Tegucigalpa desde la madrugada del lunes, convencidos de que su protesta ejercería presión sobre las autoridades.
“Una vez más exigimos a la presidenta (Xiomara) Castro que fue la primera persona que dijo que se le devolvería el dinero a la gente de Koriun. Después lo repitió Luis Redondo, el fiscal general del Estado y el presidente de la CNBS, Marcio Sierra. Han puesto la palabra delante del pueblo y el pueblo está exigiendo que cumplan esa promesa”, expresó uno de los voceros de los afectados.
Koriun Inversiones operó durante al menos siete años al margen de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), hasta que a mediados de 2024 comenzó a expandirse rápidamente en Choloma, Cortés, y luego en siete departamentos del país, según dio a conocer en exclusiva LA PRENSA.
La empresa atrajo a miles de personas con la promesa de rendimientos mensuales del 20%, cifras que expertos consideran insostenibles en el mercado financiero formal.
Con la reunión programada para este miércoles, los ojos de los inversionistas y del público están puestos en el Congreso, a la espera de que las autoridades traduzcan sus compromisos en soluciones para los afectados.