Libre se expone a voto de castigo por caso Koriun: "No votaremos por ellos"

“Nosotros siempre simpatizamos con el partido Libertad y Refundación (Libre), pero por todo el caos que hicieron con Koriun, preferimos mirar otras opciones. No vamos a votar por ellos si no les ha importado el sufrimiento de nuestras familias”, expresó don Jesús Rodríguez, un comerciante que, según contó, perdió los ahorros de su negocio al invertirlos en la financiera clandestina.

A pocas semanas de las elecciones, muchos de los afectados anuncian que castigarán con su voto a Libre, al que acusan de prometer justicia y no cumplirla, según informó el docente Carlos Mario Herrera, uno de los líderes de la junta directiva de los inversionistas de Koriun en Choluteca.

Denuncian, además, que ninguna autoridad se ha pronunciado sobre el tema, pese a las constantes protestas y bloqueos de calles organizados por los socios de la financiera.

“Nosotros creímos en este gobierno, pero hoy entendemos que nos mintieron. No queremos discursos, queremos nuestro dinero”, declaró doña Isabel García, otra de las afectadas por el caso Koriun.

Este fenómeno adquiere especial relevancia en departamentos con alta carga electoral donde operaba Koriun, como Cortés, que concentra casi 1.2 millones de electores, según datos oficiales, donde el impacto podría ser decisivo.

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Solo Choloma, epicentro de la estafa piramidal, reporta una carga electoral de 151,626 personas.

Además, se prevé que el rechazo a la gestión de Libre se extienda a otras regiones significativas, incluyendo El Paraíso (341,710 votantes), Santa Bárbara (326,571), Olancho (356,602) y Copán (261,995), por lo que la suma de factores negativos podría traducirse en un resultado electoral adverso para el oficialismo a nivel nacional.

Koriun Inversiones operó durante años al margen de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), ofreciendo ganancias de hasta 20% mensual. LA PRENSA fue el medio que dio a conocer las operaciones de Koriun previo a la alerta oficial de la CNBS.

A mediados de 2024, la empresa tomó fuerza en Choloma y se expandió rápidamente a otros departamentos, dejando un agujero económico que afectó a cientos de hogares y generó un desgaste político para el oficialismo.

Representantes de las juntas directivas de los socios han relatado a este medio, entre lágrimas, cómo la crisis derivó en afectaciones emocionales graves, con cuadros de ansiedad, depresión y estrés extremo.

De rodillas, con las manos al cielo y el rostro empapado en lágrimas, decenas de hombres y mujeres elevaban una oración en los bajos del Congreso Nacional la mañana del martes. “No venimos a pedir limosna, venimos a reclamar lo que nos han quitado", decían.

"Ten misericordia, Señor, tú conoces las enfermedades y las situaciones que estamos pasando, sabemos que para ti no hay imposibles”, clamaban entre sollozos los socios de Koriun Inversiones, la financiera que operaba al margen de la ley y que dejó en la ruina a miles de hondureños.

Desde la madrugada del lunes, alrededor de 400 inversionistas emprendieron viaje desde Choloma, San Pedro Sula, Santa Bárbara y Choluteca, ciudades donde la empresa operaba con fuerza.

Aunque los socios ya habían protestado antes, las últimas veces han llevado sus manifestaciones a Tegucigalpa, la capital del país, con la esperanza de ejercer mayor presión sobre las autoridades.

“Una vez más exigimos a la presidenta (Xiomara) Castro que fue la primera persona que dijo que se le devolvería el dinero a la gente de Koriun. Después lo repitió Luis Redondo, el fiscal general del Estado y el presidente de la CNBS, Marcio Sierra. Han puesto la palabra delante del pueblo y el pueblo está exigiendo que cumplan esa promesa”, expresó uno de los voceros de los manifestantes, mientras sostenía una pancarta frente al Legislativo.

"Al presidente del Congreso Nacional le pedimos que atienda a una comisión que ya la tenemos lista para dialogar y que se pueda resolver este conflicto económico de una vez por todas”, dijo otro de los representantes.

En efecto, las autoridades se comprometieron públicamente a devolver el dinero a los afectados.

Aunque reconocieron un grave desfase financiero en la empresa, se anunció que el reembolso se haría de manera gradual, iniciando con las personas que invirtieron montos menores y avanzando progresivamente hacia los mayores aportantes.

Sin embargo, no se han dado a conocer los criterios ni los mecanismos que definirán la distribución de los fondos, ni se han establecido fechas estimadas.

Para Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), la estrategia del gobierno respecto al caso Koriun ha sido ambigua y poco efectiva.

“Libre quiso presentar una iniciativa en el Congreso para cubrir las pérdidas de los afectados, pero la oposición frenó la propuesta. Por eso, no se llevó a cabo. Hay que explicarle esto a la gente, que el Estado no puede asumir estas pérdidas porque no forma parte de la inversión ni tiene responsabilidad directa en el caso”, explicó.

Castañeda advirtió, además, que determinar cuánto corresponde a cada inversor será uno de los mayores desafíos del proceso. “Durante las investigaciones se comprobó que no existe un registro claro de las inversiones individuales, lo que complica cualquier intento de retribución. Sin documentación verificable, es imposible establecer cuánto le corresponde a cada persona”, agregó.

De cara al posible cambio de gobierno, el analista consideró que será necesario implementar una estrategia de coordinación entre el Ejecutivo, el Ministerio Público y otras instituciones para resolver el caso de forma justa y ordenada, aunque advirtió que el proceso no tendrá resultados inmediatos.

Por su parte, el investigador Lester Ramírez señaló que el voto de castigo contra Libre se manifestará principalmente en el departamento de Cortés, la región con mayor peso electoral del país.

No obstante, explicó que más allá del impacto del caso Koriun, Cortés históricamente no ha respaldado a gobiernos que no impulsan la economía, la inversión privada ni el desarrollo.

“En general, la población de Cortés ya ha tomado su decisión, basada en un voto de castigo por el incumplimiento de expectativas y por la inestabilidad generada, que dificulta la inversión privada”, agregó.

El pasado sábado 1 de noviembre, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, confirmó la captura del gerente de la sucursal de Koriun en Santa Bárbara, Juan Carlos García, de 45 años, detenido en La Jutosa, Choloma, por asociación para delinquir.

“El detenido fue remitido al Juzgado con Competencia Nacional en Criminalidad Organizada en Tegucigalpa”, detalló Sánchez, al precisar que el expediente se maneja bajo el número 219-2025.

García compartía de manera constante videos en la página de Koriun Inversiones en TikTok, donde animaba a los usuarios a invertir y respaldaba supuestas operaciones internacionales de la empresa con compañías extranjeras, muchas de las cuales desmintieron esta información semanas después ante LA PRENSA Premium.

Tras la intervención, todos los videos de la cuenta, que contaba con más de 13 mil seguidores, fueron eliminados. Asimismo, los socios de Santa Bárbara comenzaron a exigir su captura a las autoridades para tener respuesta de su inversión.

Hasta ahora, además de García, guardan prisión Iván Velásquez (gerente general), su esposa Kefi Gavarrete, Marco Abel Villeda y Gustavo Flores Carbajal.

En tanto, otros tres —Elder Jehovany Gómez (quien sería gerente de Copán), Deyvi Velásquez y Renán Mairena— siguen prófugos de la justicia.

Koriun Inversiones operó durante al menos siete años al margen de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), pero fue hasta mediados de 2024 cuando su nombre comenzó a escucharse con fuerza en Choloma, Cortés.

A partir de entonces, la empresa se expandió velozmente por varios departamentos del país, seduciendo a miles de personas con la promesa de rendimientos del 20% mensual, una cifra imposible de sostener en el mercado financiero formal.

La ilusión se derrumbó en abril pasado, cuando las autoridades intervinieron la compañía y hallaron más de 420 millones de lempiras, que estaban en cuentas bancarias y en efectivo, además de 15 vehículos, un terreno y una sociedad mercantil a nombre del gerente general.

Detrás de esa fachada, según el Ministerio Público, operaba una estructura delictiva dedicada a captar dinero de manera ilegal bajo la figura de una red piramidal.

A finales de junio, la Fiscalía amplió las acusaciones por asociación ilícita contra otros cuatro miembros de la empresa, sumando a los primeros cuatro capturados durante los allanamientos.

El fiscal Johel Zelaya advirtió que el caso es mucho más grande de lo que parece y que van a ser implacables con los que ya están presos. "Se van a pudrir en la cárcel si no dicen la verdad. Necesitamos que digan la verdad, que nos digan quién está metido en ese tema, que creemos que es grande”, expresó.

De acuerdo con las investigaciones, más de 35,000 hondureños resultaron afectados por las operaciones de Koriun Inversiones.

Cálculos de este medio indican que el monto que la empresa adeudaría supera los 5,500 millones de lempiras, un golpe devastador para familias que invirtieron sus ahorros, vendieron propiedades e incluso se endeudaron con la esperanza de multiplicar su dinero.

Recientemente, la diputada Leda Pagán, del Partido Nacional, informó que presentará una moción de orden en el Congreso para interpelar al Ministerio Público, CNBS y Oabi, a fin de que “presenten un informe en el pleno sobre qué ocurrió durante y después del allanamiento y dónde quedó el dinero que dijeron haber devuelto”.

“La presidenta Xiomara Castro se comprometió a devolver el dinero a los afectados y esas son palabras mayores. Si puede firmar un PCM para entregar el bono para comprarle el voto (el bono climático), ¿por qué no puede también firmar un PCM para devolverle el dinero a los afectados?”, agregó la diputada.

Hasta el momento, lo último que se conoce del caso Koriun es que el Ministerio Público continúa con las investigaciones, recopilando testimonios de varios de los afectados.

En tanto, la Oabi espera la sentencia de los implicados para liquidar los bienes, un proceso que podría tardar al menos dos años, y con los recursos legales que los implicados puedan presentar, el plazo podría extenderse hasta cinco años, dijeron expertos consultados.