“Nos mintieron”: afectados de Koriun temen no recuperar su dinero
Oabi espera la sentencia para subastar bienes incautados. Aunque se realizó la intervención y hallaron más de L400 millones y bienes, las víctimas denuncian que no hay un plan claro de devolución
- 30 de septiembre de 2025 a las 10:40 /
"Están jugando con nuestra necesidad. El Gobierno prometió devolvernos el dinero que invertimos en Koriun , pero nos mintieron. Uno siente que ya perdió los ahorros de tanto tiempo", dijo don José Martínez, originario de Choluteca, quien invirtió 220 mil lempiras en la financiera que operaba al margen de la ley y que fue intervenida en abril de 2025.
El colapso de Koriun Inversiones dejó a cientos de familias en incertidumbre. Sus operaciones se calificaron por el Ministerio Público como "un esquema piramidal que pone en riesgo la economía del país" y, pese a la intervención de las autoridades y que hallaron más de L420 millones en las sedes, no existe un plan claro de devolución de los fondos.
“Dicen de todo, y uno no sabe si es verdad o mentira. Lo que sí sé es que puse allí mis ahorros de toda la vida y ahora siento que los he perdido porque nadie da respuesta ni sabemos cómo va la situación, el caso”, agregó don José.
Sus hijos, quienes prefirieron reservar su identidad, relataron a LA PRENSA Premium que les preocupa el estrés que predomina en casa y en su padre. "No hay día que no hable del dinero que perdió, pasa de mal humor ya veces hasta se pone a llorar el solo en la hamaca", contó su hija menor.
"Nosotros le decimos que ya se olvide de eso, que por lo menos los frijoles no le faltan, pero sea como sea lo entiendo, fue un golpe tremendo lo de esa empresa. No me quiero imaginar para quienes perdieron más dinero que eso", agregó.
Como don José pasa gran parte de los 35 mil afectados de Koriun a nivel nacional, pues el estrés y la frustración de perder su dinero invertido les ha pasado factura tanto física como mentalmente.
De acuerdo al docente Carlos Mario Herrera, líder de los socios de Koriun en Choluteca, estas afecciones han sido constantes en esta zona en los últimos desde que estalló el escándalo, debido a que los afectados no han recuperado el dinero que depositaban a la financiera.
A pesar de las promesas iniciales de que habría soluciones rápidas por parte del Gobierno, los procesos judiciales avanzan con lentitud y el silencio oficial aumentan la incertidumbre.
Acciones
L2,500
era la inversión mínima
que permitía depositar Koriun Inversiones
Lo último que informó el Ministerio Público (MP) es que continúa tomando declaraciones a los afectados en los lugares donde Koriun tenía agencias, un proceso complejo porque Koriun operaba en al menos siete departamentos del país.
En el caso figuran como acusados por lavado de activos el gerente general Iván Velásquez, su esposa Kefi Gavarrete, Marco Villeda y Gustavo Flores. Este último era encargado de la sucursal en Choluteca.
Todos fueron acusados de asociación para delinquir, sin embargo, las capturas fueron calificadas por el propio fiscal general como “sardinitas” dentro del gran fraude.
“Necesitamos que los que están presos hablen, que digan la verdad, que revelen quién más está metido. Creemos que el caso es grande, pero de momento solo hay sardinas detenidas”, dijo.
A la empresa se le hallaron unos 428 millones de lempiras en efectivo —los cuales quedaron en manos del gerente, quien dijo que los regresó a los clientes, pero sin supervisión de ninguna agencia estatal que contraste esa versión—, a la vez que se confiscó un lote de terreno, 15 vehículos y una sociedad mercantil a nombre del gerente general.
No obstante, expertos advierten que estos bienes son insuficientes para resarcir a las más de 35,000 personas estafadas.
Solo en Choluteca, Koriun dejó deudas por 200 millones de lempiras, pese a que el departamento no concentraba el mayor número de socios, como en Choloma, por ejemplo, donde estima que había más de 15,000 inversionistas.
En total, las pérdidas superarían los 5,000 millones de lempiras, de acuerdo con estimaciones de LA PRENSA Premium.
Tras el colapso de la financiera, la presidenta Xiomara Castro, por medio del titular de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), prometió devolver el dinero a los afectados.
La promesa generó críticas y cuestionamientos desde diversos sectores, ya que no existe un marco legal que la respalde; en otras palabras, ninguna ley autoriza al Gobierno a cubrir las pérdidas de las víctimas de estafas.
“El caso está en los tribunales por el momento, habrá que esperar, la Oabi solo espera recibir comunicación del MP o de la Corte Suprema de Justicia, como ya está judicializado el caso, tenemos que esperar la resolución”, explicó a este medio el abogado Marco Zelaya, director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi).
El funcionario detalló que, una vez exista sentencia, los bienes confiscados podrán subastarse para intentar devolver parte del dinero a los afectados. También instó a los socios a mantenerse organizados para cuando se les convoque. “Confiamos en que las autoridades harán justicia”.
Inversiones
En conversación con LA PRENSA Premium, el economista Obed García calificó el caso de la financiera Koriun como un precedente peligroso para la imagen de Honduras en materia de inversiones, advirtiendo que la falta de acción estatal proyecta a Honduras como un territorio “sin ley” y con una débil capacidad institucional.
El especialista explicó que la ausencia de un marco legal sólido, la debilidad de instituciones con recursos limitados y personal no capacitado, así como la falta de preparación técnica de muchos funcionarios, son los factores que han permitido que esquemas fraudulentos como el de Koriun se desarrollen sin control.
“Lo que hemos permitido al llegar a este punto, y no haber resuelto el problema, es que a Honduras se le vea como una tierra de nadie, como un destino de inversión sin ley”, expresó.
García advirtió que la falta de respuesta estatal no solo afecta a los inversionistas extranjeros, sino también a las familias que perdieron sus ahorros en la financiera y que hoy enfrentan graves problemas económicos.
“La incertidumbre es severa porque genera resentimiento contra el sistema financiero regular y promueve ingobernabilidad, pues la gente deja de confiar en el gobierno que no cuidó sus intereses como ciudadanos”, dijo.
El economista subrayó que el Estado tiene una responsabilidad sustantiva frente a este tipo de fraudes, dado que la población financia su operatividad mediante impuestos.
A su criterio, el dinero público debería servir para prevenir este tipo de esquemas, perseguir e investigar a los responsables, reparar a los afectados y fortalecer las instituciones mediante la contratación de más fiscales, el acceso a tecnología de punta y la creación de mecanismos de inversión pública que reduzcan la dependencia de esquemas opacos.
De no resolverse el caso Koriun, García advierte que la herida en la confianza inversionista será profunda y de largo plazo. “Si a Honduras le toma más de un año resolver un fraude de este tipo, la señal que enviamos es que aquí las inversiones no están protegidas. Entonces los capitales prefieren irse a países como Costa Rica, Guatemala o El Salvador, que ofrecen mejores condiciones”, mencionó.
Sus declaraciones coinciden con el más reciente informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el clima de inversión en Honduras 2025, que resalta cómo la corrupción, la inseguridad jurídica y la debilidad institucional limitan el potencial del país para atraer capital.
El documento advierte que, aunque existen sectores con oportunidades, las señales mixtas desde el propio gobierno y la falta de garantías legales claras han generado reticencia en los inversionistas.
“La corrupción a todos los niveles del gobierno, combinada con la debilidad en la aplicación del Estado de derecho, genera desconfianza en el sistema judicial y en las instituciones reguladoras”, dice el texto.
Operaciones
Koriun se presentó como una empresa financiera que ofrecía altas tasas de interés semanales de 5%, es decir, 240% de interés al año, mucho más atractivas que cualquier opción legal en el país.
Funcionaba con oficinas abiertas, publicidad en redes sociales y una clientela en constante crecimiento en departamentos como Olancho, Choluteca, Cortés, Santa Bárbara y Copán.
Pese a su expansión, la empresa nunca estuvo bajo supervisión de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), lo que le permitió captar dinero sin controles ni registros claros sobre el origen de los fondos.
En febrero de 2025, una investigación de LA PRENSA Premium reveló su modus operandi, lo que llevó a la CNBS a emitir un comunicado advirtiendo a la población que no invirtiera en Koriun al no tener sus recursos protegidos.
Sin embargo, la empresa continuó operando durante varias semanas más, entregando capitales y recibiendo nuevas inversiones, hasta que en abril pasado intervino el Ministerio Público.
En ese momento se contabilizaron grandes sumas de dinero en efectivo, que por orden del fiscal general permanecieron bajo resguardo de la compañía con la instrucción de devolverlo a los socios, lo cual nunca ocurrió.
Poco después, las autoridades incautaron el efectivo junto con otros bienes de los implicados. La magnitud del escándalo provocó protestas en distintas zonas del país, encabezadas por socios que exigen la devolución de sus ahorros y denuncian el silencio del Gobierno.
Para el economista y expresidente del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Martín Barahona, el problema central es que Koriun operó durante años al margen de la ley, con pleno conocimiento de las autoridades tanto del gobierno anterior como del actual.
“La mayor responsabilidad corresponde a este gobierno, porque fue a partir de 2021 o 2022 cuando la empresa ya funcionaba de manera abierta, con oficinas y publicidad. La CNBS tenía toda la capacidad de intervenir y no lo hizo”, cuestionó Barahona.
El especialista explicó que los altos rendimientos no provenían de inversiones reales, ya que el dinero fue hallado en cajas y bolsas, mientras que las firmas de inversión negaron vínculos con Koriun.
A su criterio, la estructura respondía a un esquema de redepósitos y posiblemente a operaciones relacionadas con lavado de dinero. “Eso es todavía más delicado porque conecta el caso con el crimen organizado”, advirtió.
Barahona también criticó la postura oficial, luego de que en agosto el Gobierno insinuara la posibilidad de devolver fondos a los afectados, una medida que calificó de inviable.
“Lo que procedía era cerrar la empresa, incautar registros y determinar con precisión quiénes recibieron su dinero y quiénes no. Pero en vez de eso, el tema ha quedado en el olvido, probablemente por la coyuntura electoral”, apuntó.
El economista concluyó que este caso evidencia la inacción de las instituciones financieras y judiciales y proyecta un mensaje de impunidad.
“Pareciera que se busca mantener el escándalo en bajo perfil para no afectar intereses políticos y esperar los resultados electorales. Mientras tanto, los afectados siguen sin respuestas claras”, advirtió.
