Tegucigalpa
Esta semana llegará al pleno del Congreso Nacional el dictamen final de la polémica Ley de Justicia Tributaria para el inicio de su discusión.
Luego de dos semanas de jornadas de socialización de la iniciativa impulsada por el Gobierno, la comisión encargada de elaborar el dictamen recibió de diversos sectores 102 sugerencias de cambio a la ley.
No obstante, como un punto en común dentro de las recomendaciones planteadas a la comisión especial del CN resaltó la figura de pacto fiscal, que fue sugerida por varios sectores económicos y políticos con el fin de que la iniciativa no tenga un impacto adverso en la economía del país.
Un pacto fiscal es un acuerdo político entre los distintos sectores sociales, mediante el cual parte de la agenda pública también debe determinar la cuantía de los recursos públicos requeridos, su origen y las reglas para su asignación y ejecución.
La sugerencia de suscribir un pacto fiscal con el Gobierno fue acuerpada por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), el Partido Liberal y el Partido Nacional.
“Sentimos que el proyecto (Ley de Justicia Tributaria) es bien limitado, lo correcto es impulsar un pacto fiscal”, aseguró Eduardo Facussé, presidente de la CCIC. El expresidente del Cohep, Luis Larach, apunto que “queremos un pacto fiscal para mejorar las condiciones socioeconómicas de Honduras”.
¿Consensos?
Pese a las sugerencias, la aprobación de la reforma tributaria es tildada como incierta y lejana al no haber un posicionamiento claro sobre el apoyo de las bancadas de oposición en torno a la iniciativa, que busca eliminar 14 regímenes de exoneración y convertirlos únicamente a dos.
A tres semanas de haber sido remitida al Congreso, el Partido Libertad y Refundación (Libre) aún no ha logrado sumar el consenso entre los diputados, perdiendo más bien el apoyo de un grupo de parlamentarios de su misma bancada, quienes han dicho que fijarán su posición hasta que sea discutida en el pleno.
