En respuesta a la masacre que cobró la vida de 20 campesinos el 21 de mayo, el Gobierno puso en marcha una estrategia que combina la intervención militar y policial con el ordenamiento agrario, orientada a desarticular las redes criminales que operan en la región del Bajo Aguán.
El conflicto pasó de disputa agraria a problema estructural con pobreza, desempleo, vacíos legales, invasiones y crimen organizado, según expertos.
Javier Talavera, director del Instituto Nacional Agrario (INA), confirmó que se hará un riguroso censo campesino en la zona. El objetivo principal de la medida es identificar con precisión a las familias cuya subsistencia depende de la tierra y, al mismo tiempo, frenar el avance de grupos delictivos.
“El conflicto es histórico y complejo”, apuntó Talavera, al admitir que la región no solo enfrenta disputas agrarias tradicionales, sino también una peligrosa reconfiguración criminal.
De acuerdo con las primeras investigaciones, organizaciones del crimen organizado estarían instrumentalizando a sectores vulnerables de la población para ganar terreno en el lucrativo negocio de la producción de palma africana.
La urgencia de estas acciones surge tras la masacre ocurrida la madrugada del jueves 21 de mayo en la aldea Rigores, jurisdicción de Trujillo, Colón.
Un grupo de 20 campesinos fue acribillado mientras se encontraba en una iglesia improvisada que ellos mismos habían construido dentro de la finca Paso Aguán. Las víctimas fueron sorprendidas por hombres armados mientras se congregaban en el recinto religioso.
Intervención del Bajo Aguán
De manera simultánea a los anuncios del INA, la Secretaría de Seguridad intervino el departamento de Colón. Para ello, se desplazó un fuerte contingente de uniformados, concentrando los esfuerzos especialmente en la aldea de Rigores y sectores aledaños.
Los operativos por tierra y aire buscan dar con el paradero de los autores materiales e intelectuales de una de las peores masacres registradas en el país en los últimos años.
Con estas medidas, el Gobierno intenta recuperar el control de un departamento fuertemente golpeado por la violencia y busca que el censo agrario funcione como un filtro para separar las demandas legítimas de los campesinos de los intereses de las mafias que operan bajo el sector de la palma africana.
En Rigores y otras comunidades con altos índices de conflictividad permanece una fuerte presencia policial.También hay despliegue de agentes encubiertos para identificar a los líderes de los grupos armados responsables del homicidio múltiple.
“La tierra se ha convertido en un recurso impregnado de actos delictivos”, dijo Luis Maldonado Galeas, general en condición de retiro.
La meta de la Secretaría de Seguridad no es solo capturar a los responsables de la masacre, sino también neutralizar los factores que detonan el conflicto de tierras en el Bajo Aguán.
