El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) afirmó este domingo que ha atendido 154 quejas de periodistas en riesgo o víctimas de desplazamiento forzado interno por la violencia entre 2016 y marzo de 2026, y exigió al Estado adoptar medidas efectivas para protegerlos.
En el marco del Día del Periodista hondureño, que se conmemora el 25 de mayo, el Conadeh, que actúa como una defensoría del pueblo, señaló en un comunicado que informar sigue siendo "una actividad de alto riesgo” y advirtió que el desplazamiento forzado de comunicadores se agravó entre 2022 y 2025, período en el que se concentró el 56% de los casos.
Según datos de la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) del organismo, en 2022 se atendieron 20 casos; en 2023 la cifra subió a 27, la más alta del período; en 2024 se registraron otros 20 y en 2025 sumaron 16 más. Entre enero y marzo de 2026 ya se contabilizan cinco nuevas denuncias.
El informe precisa que, de los 16 casos reportados en 2025, el 81% de los comunicadores estaba en situación de riesgo al presentar la denuncia y el 19 % ya había sido desplazado.
Entre las principales causas figuran las amenazas, denunciadas por el 69% de las víctimas, mientras que un 12,5% reportó tentativa de homicidio y otro 12,5% violencia política.
Los denunciados como responsables incluyen personas desconocidas (31%), integrantes de partidos políticos (25 %) y personas conocidas (19%). También se mencionan narcotraficantes, policías, militares y bandas criminales.
El Conadeh denunció además que entre 2025 y marzo de 2026 se registraron más de medio centenar de violaciones a la libertad de expresión, entre ellas agresiones físicas, intimidaciones, amenazas de muerte, querellas judiciales, exigencias para revelar fuentes y campañas de estigmatización contra periodistas.
La institución alertó también sobre la impunidad en los crímenes contra trabajadores de medios de comunicación. Entre 2001 y 2026 fueron asesinadas en Honduras 103 personas vinculadas al sector —periodistas, locutores, fotógrafos, camarógrafos y propietarios de medios— y el 88 % de los casos sigue impune.
El Conadeh subrayó que el Estado hondureño debe garantizar el ejercicio del periodismo “sin amenazas, agresiones ni restricciones arbitrarias”, y enfatizó que la labor periodística es esencial para "la democracia, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas".
