Tegucigalpa, Honduras
Al concluir su paso por la Casa Presidencial, la familia Zelaya Castro y su círculo más próximo quedan en un escenario incierto: analistas señalan riesgos de procesos judiciales y posibles extradiciones.
El 27 de enero, Honduras cerró un capítulo de cuatro años marcado, según sectores críticos, por la polarización, el nepotismo, el abuso de poder y el predominio político de la familia Zelaya Castro.
A pocas horas de dejar el cargo, la entonces presidenta Xiomara Castro designó al excanciller Enrique Reina como presidente del Fondo de Seguro de Depósitos (Fosede) y a Sarahí Cerna, exministra de la Presidencia, como integrante del directorio del Banco Central de Honduras (BCH).
Estos nombramientos generaron un amplio rechazo entre diversos sectores sociales, que consideran que la consigna promovida por la mandataria, de diferenciarse de administraciones anteriores, no se cumplió, al reproducirse prácticas calificadas como antiéticas y contrarias a la buena administración pública.
Tras dejar el cargo, la expresidenta se incorporó el mismo 27 de enero al Parlamento Centroamericano (Parlacen), quedando parcialmente amparada por la inmunidad que otorga este organismo regional, el cual ha sido objeto de críticas por su escasa productividad. Costa Rica no forma parte de este foro y El Salvador ya anunció su retiro.
No obstante, analistas sostienen que la familia Zelaya Castro y su círculo cercano quedan expuestos a eventuales procesos de persecución penal, tanto a nivel nacional como internacional.
El abogado y analista Lester Ramírez considera que Xiomara Castro, además de asistir a las sesiones del Parlacen, retomará actividades de carácter familiar, quedando en la memoria política como la primera mujer en ocupar la Presidencia, aunque, a su juicio, con el estigma de no haber concentrado el poder real durante su gestión.
Sobre los cuestionados nombramientos realizados en las últimas horas de gobierno, Ramírez sostuvo que Castro cerró su mandato con un “broche de oro”, dejando al partido Libertad y Refundación (Libre) sin autoridad moral para cuestionar actuaciones del Partido Nacional o del Partido Liberal.
El retiro de la figura presidencial no implica, según expertos, el fin de la influencia de Manuel Zelaya Rosales. El verdadero poder, afirman, se mantiene en manos del expresidente, quien ahora habría trasladado su centro de operaciones al Congreso Nacional.
La decisión de no designar un jefe de bancada único en Libre, sino cinco voceros, es interpretada como una señal de que Zelaya continuará ejerciendo un control directo sobre el Legislativo, asegurando que su línea política marque la agenda interna.
Este nuevo rol de Mel Zelaya como figura de poder en la sombra dentro del hemiciclo plantea, según analistas, serios desafíos para la cohesión y la supervivencia del partido.
Uno de los temas más delicados que podría perseguir a la familia Zelaya Castro y a su entorno cercano es el de una eventual extradición.
Posibles investigaciones judiciales
La decisión de la administración saliente de denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos, acción de la que finalmente desistió, es vista por analistas legales como un movimiento defensivo que no despeja las dudas sobre posibles investigaciones judiciales que podrían enfrentar miembros de este grupo político ahora que ya no cuentan con el respaldo institucional del Poder Ejecutivo.
De acuerdo con Nilia Ramos, abogada y exfiscal, los Zelaya Castro podrían optar por replegarse en su hacienda en Olancho o trasladarse a República Dominicana, donde, según afirmó, mantienen inversiones. “Definitivamente, ellos quedan bien”, expresó.
Ramos advirtió que a la expresidenta, su esposo, su hijo, su cuñado y otros exfuncionarios cercanos les esperan “momentos difíciles” en el plano legal. Entre estos mencionó a Johel Zelaya, fiscal general; Marlon Ochoa, consejero electoral; Luis Redondo, expresidente del Congreso Nacional; y Roosevelt Hernández, exjefe de las Fuerzas Armadas, a quienes atribuyó actuaciones contrarias a la democracia y a la Constitución.
Tras cuatro años de gobierno, concluyó la denominada mística refundacional y la familia Zelaya Castro, principal impulsora de ese proyecto político, se retira del poder en medio de un clima de vigilancia pública y expectativas de escrutinio judicial.
