En la recta final de su gestión al frente del Congreso Nacional, Luis Redondo instruyó la publicación en el diario oficial La Gaceta de un decreto que concede a la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Cicih) la figura de querellante autónomo, a pesar de que esa propuesta no había alcanzado la votación requerida en el pleno, al tratarse de una modificación de carácter constitucional.
El instrumento legal —identificado como decreto 48-2025— reconoce personalidad jurídica al mecanismo anticorrupción para que pueda accionar de manera independiente en procesos judiciales.
El documento fue enviado para su divulgación oficial el 22 de enero, pocos días antes de que Redondo concluyera su período al frente del Legislativo. Tras su publicación, el contenido quedó incorporado formalmente al marco normativo como disposición vigente.
El decreto consta de ocho artículos y señala que la Cicih fue creada para combatir redes de corrupción público-privadas de alto impacto y el saqueo de los bienes del Estado. Además, reconoce a la comisión carácter de querellante autónomo con atribuciones propias de acusador privado.
El documento establece que la comisión será creada mediante un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que funcionará por un período de cinco años. No obstante, Honduras no ha suscrito hasta ahora un convenio formal con ese organismo internacional, ya que el proceso únicamente avanzó hasta un memorándum de entendimiento sin efectos vinculantes.
La ley enviada a publicación por Redondo faculta al querellante autónomo a presentar requerimientos fiscales conforme a la Ley del Ministerio Público y el Código Procesal Penal, y asigna al fiscal general la responsabilidad de acreditar la personería jurídica de cada integrante de la eventual comisión.
Análisis
Juristas y representantes de la sociedad civil consideran que el texto contiene imprecisiones al presentar como exigencia de la ONU una estructura que aún no ha sido acordada mediante tratado internacional.
En la misma línea, diputados y exdiputados cuestionan la validez del decreto al señalar que no obtuvo la votación calificada requerida en el Congreso para su aprobación, pese a lo cual fue publicada.
"Es de público conocimiento que no existe un convenio formal con la Organización de Naciones Unidas; únicamente hubo memorandos de entendimiento que incluso ya vencieron, porque nunca el gobierno reveló las verdaderas de los acuerdos con la ONU para que pudiera enviar a la CICIH”, explicó el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos.
El jurista señaló que, aun en el escenario de que se lograra un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la normativa hondureña impediría que un organismo externo ejerza acción penal directa sin cambios constitucionales anteriores.
Barrientos también cuestionó el procedimiento mediante el cual el decreto fue llevado al diario oficial La Gaceta, al considerar que su publicación carece de validez legal y compromete responsabilidades individuales.
"La publicación en el Diario Oficial La Gaceta constituye un acto irregular y responsabilizó de ello tanto a Redondo como al director de la Gaceta ya la ministra de la Presidencia, Sarahí Cerna. Esto trastoca la soberanía popular y las normas legales. La publicación es nula y quienes la hicieron se convierten en cómplices de una aberración jurídica", advirtió.
Por su parte, el abogado y analista Kenneth Madrid demostró que el decreto no cuenta con ningún tipo de utilidad, sin embargo, indicaba que lesiona los derechos constitucionales y atenta contra la técnica legislativa.
"Me parece que ese decreto no es de ninguna utilidad, lesiona el derecho constitucional y prácticamente es algo realizado con muy mala técnica legislativa invocando figuras que no existen en el país y bajo ese contexto es conveniente que este Congreso lo derogue", aseguró.
CNA
En sus redes sociales oficiales, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) rechazó la reciente publicación del decreto legislativo aprobado en junio de 2025, en medio de un amplio cuestionamiento tanto de procedimiento como de contenido.
"Este hecho constituye un abuso de poder y se suma a una cadena de excesos institucionales que han debilitado la legalidad, la seguridad jurídica y la confianza ciudadana en el Poder Legislativo", fustigó el organismo de sociedad civil.
La situación abre un nuevo foco de controversia sobre el alcance legal del decreto y sobre la posibilidad de otorgar facultades procesales a una instancia cuya instalación depende de un acuerdo internacional que todavía no ha sido firmado.
