Hondureños con orden final de deportación son los que están en la mira del ICE

Carlos Pereira Trejo, activo defensor de los derechos de los hondureños en Estados Unidos con más de tres décadas de residencia en Miami y exbeneficiario del Estatus de Protección Temporal (TPS), expresó su preocupación por el contexto migratorio actual, marcado por redadas masivas y protestas que han derivado en arrestos en Estados Unidos.

En una amplia entrevista con LA PRENSA Premium, Pereira Trejo, director ejecutivo de la organización Amigos Foundation Inc. enfatizó que muchos hondureños detenidos no comprenden su estatus migratorio, y están siendo arrestados, y en el peor de los casos deportados, por desconocer sus derechos en Estados Unidos.

A fin de orientar y educar a esa gran comunidad hondureña que supera el 1.2 millones de compatriotas con diversos estatus migratorios, Pereira Trejo explicó cuáles son las principales causas por las que los hondureños están siendo atrapados y deportados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La primera gran causa de deportación es a quienes tienen una orden final de deportación o una orden de supervisión están en riesgo inmediato.

Esta última se otorga cuando el sistema migratorio no logra detener físicamente a una persona tras su procesamiento, dejándola en libertad supervisada pero oficialmente deportada "en papel".

Un punto crítico señalado por Pereira es el peligro que enfrentan quienes asisten a una audiencia migratoria sin asesoría legal.

“Si usted va a su audiencia máster sin representación ni pruebas, es casi seguro que saldrá con una orden de deportación”, advirtió.

Agregó que, aunque la detención no ocurre dentro de la corte, los agentes del ICE pueden esperar afuera, informados por los fiscales migratorios sobre los casos resueltos.

En este contexto, Pereira hizo un llamado a la comunidad hondureña para mantenerse informada, evitar exponerse innecesariamente y buscar representación legal si tienen un proceso migratorio pendiente.

Reiteró que su labor en Miami no tiene tintes políticos, sino que está enfocada exclusivamente en proteger a los migrantes y mejorar sus condiciones de vida.

Referente de la diáspora hondureña en Miami, explicó que gran parte de los inmigrantes centroamericanos —no solo hondureños— corren el riesgo de ser detenidos y deportados si no presentan un caso de asilo dentro del primer año de su llegada a Estados Unidos.

Esta obligación aplica especialmente a quienes ingresaron con CBP One o parole humanitario, dos mecanismos que permiten entrada legal temporal bajo condiciones especiales.

Según Pereira, ese plazo legal de un año no es opcional: es la única vía inicial para solicitar protección y evitar la deportación. Sin embargo, muchos hondureños no lo cumplen. “Tenemos la mentalidad de que el gobierno estadounidense, por vernos como buenos trabajadores, nos va a regalar algo. Pero no es así”, sentenció.

El líder comunitario detalló que cuando un migrante no se presenta a su audiencia migratoria ni inicia su defensa, puede recibir una “deportación en ausencia”, lo que marca su expediente con una alerta roja. Esto lo convierte en objetivo de las autoridades migratorias en cualquier momento.

Pereira también denunció que la desinformación circula incluso dentro de las familias. Muchas veces, los propios allegados desalientan a los migrantes a iniciar trámites por temor a represalias o redadas. “Nos decimos entre nosotros que si te presentás te van a venir a buscar a la casa, y eso no ayuda”, lamentó.

A esto se suman los altos costos legales. “Mucha gente no tiene $10,000 o $15,000 para pagar un abogado, pero tampoco buscan organizaciones confiables que los orienten”, añadió Pereira, quien enfatizó que aún existen alternativas legales viables, incluso si se dejó pasar el año, siempre que se justifique el retraso con razones válidas como falta de pruebas o testigos.

Pereira Trejo alertó sobre los múltiples errores que están llevando a muchos compatriotas a enfrentar procesos de deportación acelerados. Uno de los más graves, según explicó a LA PRENSA, es acudir a notarios o personas sin licencia que se presentan como defensores de inmigrantes, pero que no tienen formación legal.

“Van con personas equivocadas, les presentan un caso mal armado y cuando llegan a inmigración, los meten a un proceso rápido porque saben que no tienen cómo defenderse”, explicó Pereira, quien colabora con redes legales como Florida Legal Services y su propia organización, Amigos Foundation Inc.

La situación se agrava con los arrestos en espacios públicos. Pereira reveló que en un solo operativo en una discoteca de Colorado, más de 200 personas fueron detenidas por no tener estatus migratorio.

Advirtió que asistir a bares, restaurantes o fiestas puede convertirse en un riesgo grave para quienes no tienen papeles, especialmente si cometen una infracción como manejar bajo efectos del alcohol (DUI) o exceder los límites de ruido después de las 11 p.m., como marcan las ordenanzas comunitarias.

“El ambiente ahora no es para estar en la calle, no es para andar emborrachándose. Este momento es para concentrarse en la familia, el trabajo, la fe”, sostuvo.

Aseguró que aunque la administración actual ha sido muy visible con su retórica migratoria, la anterior —en referencia a Trump— deportó incluso más personas “y nadie decía nada, porque aquí también hay un tema político”.

Pereira agregó que el panorama migratorio para los hondureños sigue siendo de alto riesgo y que la clave está en buscar asesoría legal confiable, evitar comportamientos riesgosos y entender que la desinformación dentro de la misma comunidad puede ser tan perjudicial como las leyes mismas.

Denunció que muchos de los grupos que participan en protestas por temas migratorios no representan a los inmigrantes, sino que son colectivos que se dedican a manifestarse donde haya oportunidad de provocar escenarios de confrontación. “No son personas que están representando al inmigrante”, sentenció en entrevista con LA PRENSA.

Pereira lamentó que, en lugar de informar, muchos líderes se enfoquen en movilizaciones callejeras sin contenido educativo. “Los que defienden a los inmigrantes deberían estar haciendo foros con abogados, con jueces, con oficiales de inmigración, no tirarse a la calle a actos violentos”, reclamó.

En contraste, destacó que en Miami su equipo organizó un evento con más de 200 familias, donde muchas salieron con paquetes legales listos para ciudadanía, renovación de residencia y otros procesos.

Subrayó también el impacto de la campaña “Conoce tus derechos”, que ha distribuido tarjetas con instrucciones básicas sobre qué hacer en caso de una detención migratoria. Según Pereira, estas tarjetas han evitado deportaciones al exigir que los migrantes no hablen y esperen asistencia legal, lo cual ha funcionado como una herramienta de protección real.

Criticó, además, la existencia de falsas “organizaciones” que no son más que individuos que se autodenominan líderes sin brindar apoyo efectivo. “Se toman una foto en un restaurante y dicen que hicieron un foro. Pueblo chico, infierno grande. Aquí todos saben quién trabaja por el inmigrante y quién no”, aseguró.

Finalmente, abordó la incertidumbre sobre la renovación del TPS para hondureños. Dijo que la falta de una decisión oficial no significa que no se haya tomado ya. A su juicio, el gobierno de Honduras debería estar presionando más activamente.

“Estados Unidos lo negocia todo: aranceles, el canal de Panamá. La administración hondureña debería estar empujando este tema, porque cuando uno menciona un hecho del 97 o 98, muchos funcionarios nuevos ni siquiera saben de qué se trata”, advirtió.

Alertó que más de 34,000 hondureños protegidos por el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos podrían calificar para la residencia permanente legal, pero no hacen los trámites por miedo, desinformación o influencia de personas que se lucran con su estatus migratorio.

Cuestionó duramente la vigencia del TPS para casos como el de Honduras, que se remonta a desastres naturales ocurridos en 1998.

“Cuando uno menciona un hecho del 97 o 98, muchos funcionarios jóvenes del gobierno estadounidense ni siquiera entienden por qué se mantiene algo que se llamaba temporal”, dijo. Según reveló, algunas fuentes internas en Washington ya han expresado que no tiene sentido renovar un beneficio creado hace más de 25 años.

Pereira recordó que su organización ha logrado ayudar a muchas personas a salir del TPS hacia la residencia, y eventualmente la ciudadanía.

“Cuando empezamos, éramos más de 200,000. Hoy muchos de esos ya son ciudadanos”, afirmó. Sin embargo, criticó que el TPS se haya convertido en un “negocio comunitario” donde algunos líderes no buscan proteger a la gente, sino mantenerlos bajo ese estatus para seguir cobrando por formularios y trámites cada 18 meses.

Mencionó el caso de un joven hondureño casado con una ciudadana estadounidense al que un dirigente comunitario le aconsejaba no tramitar su residencia. Gracias a la intervención directa de Pereira, hoy ese joven es ciudadano. “Hay mucha gente que cree a ciegas en estos ‘líderes’ sin buscar opiniones profesionales”, lamentó.

También celebró que, a partir del 1 de julio, Florida aplicará una nueva ley que sancionará penalmente a notarios o paralegales que ejerzan ilegalmente asesoría en inmigración, acusándolos de “arruinarle la vida a medio mundo”.

Finalmente, advirtió que unas 20,000 personas con TPS tienen orden de deportación, lo que sí complica su salida del programa, pero más de 34,000 podrían obtener residencia si tan solo se atrevieran a iniciar el proceso.