"Hondureños, no participen en protestas en Los Ángeles, puede afectar el TPS": líderes en USA

Durante los primeros 50 días del gobierno de Donald Trump, es decir, entre el 20 enero al 10 de marzo de 2025, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) realizó 32,809 arrestos de migrantes indocumentados.

Luego, al cumplir 100 días, tanto el tiempo como los arrestos estaban duplicados. Para entonces se reportaron 66, 463 arrestos, con 65,682 deportaciones.

Hasta mayo de 2025 los números seguían creciendo: más de 158,000 inmigrantes de diferentes nacionalidades fueron arrestados bajo operaciones ICE, incluidas las llamadas “redadas silenciosas” en las que algunos han sido sorprendidos en sus trabajos, iglesias o viviendas.

Esa infrenable carrera por capturar y expulsar a cómo dé lugar a los inmigrantes ilegales que Trump prometió, y que cumple a rajatabla, es la causa de las protestas registradas desde el viernes y el fin de semana en Los Ángeles, California.

Las manifestaciones resultaron en vandalismo, autos incendiados y decenas de arrestos por parte del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

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Eso desencadenó que cerca de 300 miembros de la Guardia Nacional estén desplegados en Los Ángeles tras una polémica decisión del presidente Trump que amenaza con enviar a los Marines.

Es la primera vez en décadas que un presidente llama a la Guardia Nacional sin la petición o el consentimiento de un estado.

Ello también ha causado una “guerra política” entre Trump y el gobernador de California Gavin Newsom, quien afirmó que el estado demandará al Gobierno de Trump por el despliegue de la Guardia Nacional, que él y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, han calificado de incendiario.

En medio de un clima de creciente tensión migratoria en Estados Unidos, el presidente de la Fundación 15 de Septiembre, Juan Flores, lanzó un enérgico llamado a la comunidad hondureña para evitar involucrarse en protestas violentas que podrían tener consecuencias directas en la lucha por mantener el Estatus de Protección Temporal (TPS), del cual dependen más de 55 mil compatriotas.

Flores expresó su preocupación por los recientes disturbios registrados en Los Ángeles y exhortó a los inmigrantes a no dejarse llevar por el caos, recordando que “la Enmienda 1 de la Constitución garantiza el derecho a la protesta pacífica, no a la violencia”.

Añadió que los actos vandálicos, como incendiar vehículos o atacar a la prensa, “no representan los verdaderos valores de los inmigrantes, quienes en su mayoría son trabajadores ejemplares en los sectores agrícola, hotelero y de la construcción”.

A ese llamado se sumó el Consulado de Honduras en Los Ángeles. La cónsul Julissa Gutiérrez Villanueva, instó a la comunidad hondureña en esa ciudad "a no involucrarse en actividades que puedan ser malinterpretadas por las autoridades locales, especialmente aquellas que deriven en actos violentos o alteración del orden".

“Les recomendamos no participar en ningún acto de protesta y menos que fomenten la violencia dentro de sus localidades”, enfatizó la diplomática.

El TPS se encuentra en la cuerda floja. La Fundación ha mantenido un trabajo articulado con líderes de Miami y Washington para impulsar la extensión del TPS.

Flores confirmó que esta semana la congresista María Elvira Salazar, junto con Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, se reunirá con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para discutir la situación migratoria de los hondureños y defender la vigencia del programa.

“Estamos haciendo gestiones con testimonios de familias cuyos hijos son ciudadanos americanos y que necesitan este estatus para seguir viviendo en paz”, dijo Flores.

A la vez, advirtió que los incidentes en California podrían tener repercusiones negativas justo en este momento clave.

Una de las mayores frustraciones, según Flores, es la falta de representación diplomática activa de Honduras en Washington. “Nos sentimos solos.

La presidenta removió al embajador y hasta ahora no se ha nombrado uno nuevo. Eso limita nuestra capacidad de interlocución con las autoridades estadounidenses”, denunció.

Contrario a la situación de El Salvador, que goza de buena relación bilateral con EE UU y cuya comunidad tiene asegurado el TPS, la hondureña enfrenta incertidumbre. “Es urgente que el gobierno de Honduras se una a este esfuerzo en lugar de actuar con indiferencia”, dijo.

Flores también denunció que el consulado de San Francisco estará cerrado durante un mes a partir del lunes, en plena crisis.

“Esto es inadmisible. Dicen que es por cambio de edificio, pero pudieron haberlo hecho en fin de semana. Hay más de 3,000 hondureños detenidos que necesitan asistencia consular urgente”, afirmó.

Además, reveló que en todo EE UU podría haber más de 250 mil hondureños con orden de deportación, y aunque las cifras actuales (unas 16 mil deportaciones hasta ahora) están por debajo del promedio del año pasado, “hay temor y desinformación sobre quién será deportado, ya que muchos están en centros de detención por meses”.

Pese al panorama complicado, Flores compartió una luz de esperanza: ha sido invitado por la oficina de la congresista Salazar a Washington, donde se discutirá un proyecto de ley de alivio migratorio para inmigrantes con buen comportamiento y más de 10 años de residencia en EE. UU.

Finalmente, pidió al gobierno hondureño facilitar el retorno voluntario de compatriotas con un plan que permita introducir sus bienes, vehículos y pertenencias sin pagar impuestos.

“Muchos están considerando regresar, pero no pueden costear trasladar sus cosas si les cobran tanto. Se necesita una legislación que respalde ese retorno digno”, concluyó.

Más y más advertencias. Los migrantes siguen entre la espada y la pared en Estados Unidos.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, advirtió a quienes no salgan de Estados Unidos si se encuentran en situación irregular que están sujetos a multas, arresto y deportación y a la imposibilidad de regresar.