Tegucigalpa, Honduras
La mortandad vial en Honduras encendió las alarmas de la Secretaría de Seguridad. Con un promedio de cinco personas fallecidas cada día en accidentes de tránsito y con las motocicletas involucradas en buena parte de los casos, las autoridades anunciaron una ofensiva institucional para intentar frenar una crisis que ya es considerada la segunda causa de muerte en el país.
El ministro de Seguridad, comisionado general en condición de retiro Gerzon Onán Velásquez Aguilera, informó este lunes que se aplicarán medidas “férreas” contra conductores sin licencia, menores de edad al volante, motociclistas sin casco, carreras ilegales conocidas como “piques” y maniobras de alto riesgo en carreteras.
El foco principal estará en las motocicletas. Según el funcionario, este parque vehicular ya supera al de los automóviles de cuatro ruedas y concentra el mayor problema de seguridad vial. De acuerdo con los datos expuestos, el 60% de las muertes por accidentes corresponde a usuarios de motocicletas.
“Sabemos que el problema está concentrado en esta población”, afirmó Velásquez, al señalar que muchos motociclistas circulan sin licencia, sin certificación o sin las medidas mínimas de protección.
Medidas que se endurecerán
Entre las acciones inmediatas, Seguridad, dijo el ministro, intensificará los operativos para decomisar motocicletas conducidas por menores de edad o por personas que no estén autorizadas para manejar.
Solo durante el reciente fin de semana, según las autoridades, fueron decomisadas 509 unidades por faltas relacionadas con este tipo de infracciones.
Los agentes también verificarán documentos, licencias y boletas de revisión mediante el sistema Sepol, mientras se reforzará la exigencia del uso obligatorio del casco de seguridad.
Velásquez anunció, además, que se aplicará con mayor rigor el Decreto 91-2012, que prohíbe el desplazamiento de dos hombres en una misma motocicleta en zonas específicas del país, una medida vinculada tanto a la prevención de accidentes como al combate de hechos delictivos.
Otro punto fuerte de la ofensiva será el control de los “piques” o carreras clandestinas. El ministro advirtió que las carreteras no deben seguir siendo utilizadas como pistas de competencia, especialmente en tramos críticos como la CA-5, entre Carrizal y El Durazno.
Quienes participen en este tipo de carreras ilegales podrían enfrentar sanciones de hasta un salario mínimo y el decomiso del vehículo por un período de hasta 45 días, de acuerdo con lo anunciado por las autoridades.
La estrategia también incluye controles contra adelantamientos indebidos y otras maniobras peligrosas que aumentan el riesgo de colisiones, atropellos y lesiones graves.
Pero el plan no se limitará a operativos en carretera. El ministro reveló que ya está listo el borrador de una nueva Política Nacional de Seguridad Vial, con la que se busca actualizar la Ley de Tránsito vigente desde 2005.
Una de las propuestas centrales es crear un sistema de puntos o acumulación de infracciones para las licencias de conducir. Bajo ese mecanismo, los conductores reincidentes podrían perder su permiso, no solo recibir multas económicas.
Según Velásquez, las sanciones actuales, algunas de apenas 300 lempiras, ya no tienen un efecto real para disuadir conductas irresponsables. Por eso, la nueva política plantea endurecer las multas y aplicar castigos más severos a quienes pongan en riesgo la vida de otros usuarios de la vía.
Otra propuesta es la creación de un seguro obligatorio contra accidentes y daños a terceros, con el objetivo de que las personas lesionadas puedan ser atendidas también en clínicas privadas y así reducir la presión sobre el sistema público de salud.
El borrador también contempla exigir estándares mínimos de seguridad para vehículos y motocicletas importadas, como frenos ABS, bolsas de aire funcionales, cinturones en buen estado y revisiones físico-mecánicas para unidades usadas que ingresan al país.
En el caso de los motociclistas, las autoridades analizan exigir equipo de protección más completo, como calzado adecuado, guantes, coderas y chaquetas especiales, con el fin de reducir la gravedad de las lesiones en caso de caída o impacto.
Velásquez sostuvo que la seguridad vial requiere coordinación con otras instituciones.
Entre ellas mencionó al Colegio de Ingenieros Civiles, para mejorar la señalización vial, y al Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, para garantizar que los conductores del transporte público estén debidamente certificados y no operen con licencias inadecuadas.
“No pretendemos hacer más cosas de la misma forma; estamos tratando de hacer cosas focalizadas”, expresó el ministro, al insistir en que el objetivo no es recaudar por multas, sino proteger vidas.
“No es un tema de sanciones por recaudar, es un tema de proteger la vida”, remarcó Velásquez, al pedir apoyo de alcaldías, instituciones y sociedad civil para impulsar un cambio cultural en las carreteras hondureñas.
