El Gobierno de Honduras, solicitó a través de la Cancillería, una audiencia urgente con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, luego de que la Corte Suprema estadounidense emitiera este jueves un fallo que permite a la administración del presidente Donald Trump revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a miles de migrantes haitianos y sirios.
La decisión del máximo tribunal de Estados Unidos afecta directamente a cerca de 350,000 haitianos y 6,100 sirios, quienes quedan expuestos a procesos de deportación tras perder una protección migratoria creada para personas que no pueden regresar de forma segura a sus países por conflictos, desastres naturales, violencia o crisis humanitarias.
Aunque el fallo no menciona de forma explícita a Honduras, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional informó que toma nota de la resolución y advirtió que su alcance jurídico global tiene implicaciones relevantes para el conjunto del programa TPS y, en particular, para los procesos que amparan a miles de familias hondureñas que han vivido, trabajado y contribuido en Estados Unidos durante más de dos décadas.
La resolución generó temor inmediato entre comunidades migrantes y organizaciones defensoras de derechos humanos, que alertaron que el criterio adoptado por la Corte puede incidir en el futuro de cerca de 1.3 millones de personas de 17 países que contaban con TPS antes del regreso de Trump al poder.
Demandantes y abogados citados por agencias internacionales señalaron que el fallo deja en una situación de alta vulnerabilidad a familias enteras que han construido su vida en Estados Unidos.
“Esta decisión pone a miles de familias haitianas en un temor inmediato. Haití no es seguro y todo el mundo lo sabe”, expresó Viles Dorsainvil, haitiano beneficiario de TPS y director ejecutivo del Haitian Support Center.
La decisión golpea con especial fuerza a Florida, donde reside casi la mitad de los haitianos amparados al TPS en Estados Unidos. Organizaciones como Americans for Immigrants Justice advirtieron que unas 158,000 personas quedan en riesgo de deportación hacia un país afectado por la violencia de pandillas, inestabilidad política y crisis humanitaria.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha sostenido que las condiciones ambientales en Haití han mejorado lo suficiente desde que se otorgó el TPS en 2010. Sin embargo, activistas y organizaciones de derechos humanos argumentan que Haití continúa sumido en una grave crisis de seguridad, sin un mandatario electo desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 y con altos niveles de violencia.
La mayoría conservadora de la Corte Suprema concluyó que la ley que regula el TPS, creado en 1990, impide a jueces de tribunales inferiores revisar las decisiones del Gobierno estadounidense sobre la terminación de estas protecciones migratorias. Ese criterio es el que genera preocupación en otros países beneficiarios del programa, incluido Honduras.
Frente a este panorama, la Cancillería hondureña informó que articuló acciones de alto nivel para defender los derechos de los connacionales y solicitó formalmente una audiencia de urgencia con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, con el objetivo de abordar el tema de manera bilateral.
“Honduras respeta el orden constitucional y las instituciones de los Estados Unidos”, señaló la Cancillería, pero expresó su confianza en que la implementación de las decisiones migratorias se realice con sentido humanitario, respeto a la unidad familiar y previsibilidad.
El Gobierno recordó que detrás de las cifras hay madres, padres, trabajadores, contribuyentes, emprendedores y niños ciudadanos estadounidenses, cuyas vidas podrían verse afectadas por una transición abrupta.
Como parte de su agenda técnica de negociación, Honduras buscará impulsar acuerdos enfocados en un período de gracia y transición administrativa, que permita a las personas eventualmente afectadas contar con un plazo razonable para ordenar sus asuntos migratorios, laborales, familiares, educativos y patrimoniales.
La Cancillería también llamó a la comunidad hondureña en Estados Unidos a mantener la calma y evitar decisiones precipitadas. Reiteró que las medidas de remoción no son automáticas ni inmediatas, por lo que recomendó no firmar documentos sin asesoría calificada y mantenerse alerta ante posibles redes de fraude migratorio.
Finalmente, el Gobierno reafirmó su compromiso de defender la dignidad y los derechos de los hondureños mediante una estrategia diplomática coordinada con la sociedad civil, organismos internacionales y sectores competentes.
