A menos de ocho meses para que expire la actual prórroga automática del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras, miles de hondureños viven entre la angustia y la esperanza, en medio de una batalla liderada desde varios frentes.
Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, fue enfático: “La lucha por el TPS continúa. No podemos quedarnos frizados ante la adversidad”, expresó en un mensaje dirigido a la comunidad migrante.
Flores anunció que a partir del 19 de mayo se iniciarán acciones coordinadas para presionar por la renovación del programa, del cual dependen miles de familias hondureñas en Estados Unidos.
“Muchos perderían sus empleos, su licencia de conducir, hasta su retiro. Hay hondureños que ya están jubilados y, sin esta renovación, dejarán de recibir su pensión. Sus vidas colapsarían”, alertó el dirigente.
Acercamientos con autoridades estadounidenses
Desde hace varias semanas, la fundación realiza acercamientos con autoridades estadounidenses para exponer el impacto del TPS y la necesidad de su continuidad.
A pesar de la incertidumbre, Flores confía en que el programa pueda extenderse para evitar una crisis. Sin embargo, subraya que, independientemente de la decisión que tome el gobierno estadounidense, seguirán buscando alternativas para legalizar el estatus migratorio de sus compatriotas.
“No es solo una lucha migratoria. Es una lucha económica, social y política. Lo que está en juego va mucho más allá del estatus individual de cada migrante. Está en juego el sustento de miles de hogares y la estabilidad de comunidades enteras”, recalcó.
Extensión automática de seis meses
Graco Pérez, analista en temas migratorios, explicó que al no haberse emitido una notificación oficial el 4 de mayo, el TPS para Honduras entró en una extensión automática de seis meses, que finaliza en enero de 2026.
Sin embargo, el gobierno estadounidense deberá anunciar una decisión definitiva dos meses antes del vencimiento, es decir, en noviembre próximo.
“Estamos en un periodo automático. Si no hay una decisión antes del 4 de noviembre, se abre la posibilidad de otra extensión. Pero todo dependerá del contexto político, las relaciones bilaterales y quién esté en el poder para entonces”, apuntó Pérez.
Uno de los factores que podría jugar en contra de Honduras es la debilitada relación diplomática con Estados Unidos. Pérez recordó que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha tenido fricciones con Washington, como los intentos de cancelar tratados de extradición, tensiones por la presencia militar en la base de Palmerola y la ausencia de un embajador estadounidense en el país.
“El gobierno no ha hecho un trabajo diplomático efectivo. Más allá de enviar una carta formal el año pasado solicitando la renovación del TPS, no se ha hecho un lobby real. Las relaciones bilaterales no se fortalecen solo cuando hay crisis. Esa es la gran lección”, advirtió.
Actualmente, más de 55,000 hondureños se benefician del TPS en Estados Unidos. Este estatus legal les permite trabajar, pagar impuestos y enviar remesas a sus familias.
La comunidad hondureña se prepara para redoblar esfuerzos en los próximos meses, mientras las autoridades de Cancillería de Honduras mantienen acercamientos tanto en Tegucigalpa como en Washington para conocer la decisión definitiva sobre el programa.
La última palabra la tendrá el gobierno de los Estados Unidos.
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