Más de 1,249 empresas formales han notificado el cierre de operaciones en los últimos cuatro años en Honduras.
El sector privado enfrenta dos problemas que generan preocupación: por un lado, el cierre de negocios debido a las bajas ventas y los altos costos de producción; y por otro, el traslado de compañías formales hacia la informalidad.
De acuerdo con líderes empresariales, los emprendedores lidian con la difícil situación económica del país. Altos costos de producción, incremento al salario mínimo, cargas tributarias, caída en las exportaciones, inseguridad, falta de incentivos y ausencia de una ley de trabajo parcial están provocando el cierre de empresas grandes, medianas y pequeñas.
Aunque algunas compañías notifican su cierre al Servicio de Administración de Rentas (SAR), la mayoría omite este proceso.
Datos del SAR proporcionados a LA PRENSA indican que en 2022 se registró el cierre de 352 empresas, en 2023 fueron 562, en 2024 un total de 277 y hasta junio de 2025, unas 58. En junio de 2024 ingresaron 27 solicitudes de cierre.
De las 58 empresas cerradas en 2025, 30 corresponden al departamento de Francisco Morazán y 12 a Cortés. Según el listado, 20 pertenecen al rubro de actividades financieras y de seguros, y seis al comercio al por mayor y menor, así como a la reparación de vehículos automotores y motocicletas.
Aunque no se especificaron las causas del cierre, autoridades del SAR recordaron que, según el artículo 63, numeral 10, del Código Tributario, el obligado debe notificar cualquier cambio que modifique su responsabilidad tributaria.
“Si el cierre es temporal, puede solicitar una baja de obligaciones por el período en el cual no va a operar, debiendo justificarlo. De ser definitivo, el contribuyente tiene 60 días calendario desde la fecha de cierre para notificarlo”, explicaron.
En Tegucigalpa y San Pedro Sula se reporta el mayor número de cierres, principalmente de pequeños y medianos contribuyentes. Cuando las empresas no cumplen el procedimiento, son sancionadas conforme al artículo 160 del Código Tributario.
Javier Pineda, presidente de la Asociación Nacional de la Mediana y Pequeña Industria de Honduras (Anmpih), advirtió que la cifra real de cierres es mucho mayor y que miles de negocios operan en la informalidad sin que exista un registro oficial. “Están abandonando sus locales, incluso en centros comerciales, y comienzan a vender desde sus casas, en línea o en oficinas. Declaran cierre, pero en realidad cambian de modalidad”, dijo.
Ante esta situación, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) presentó al Congreso Nacional una propuesta de amnistía tributaria aduanera para micro y pequeñas empresas, al considerar que la pandemia, las tormentas y el aumento de las tasas bancarias impidieron su recuperación. También insiste en la creación de una ley que permita el empleo temporal.
“Si no se les da un alivio, esto los empujará a cerrar o ir a la informalidad. Necesitamos apoyo para que las mipymes puedan cumplir con sus compromisos”, declaró Karim Qubain, presidente de la CCIC.
En Honduras operan 1.2 millones de empresas, la mayoría micro y pequeñas, de las cuales menos del 30 % son formales. Hasta 2024, estimaciones oficiales indican que más de 300 mil negocios surgieron desde la informalidad en cuatro años.
En lo que va de 2025, 3,782 empresas se han adherido al Régimen de Facturación del SAR, cifra menor a la del mismo período de 2024, cuando fueron 7,190.
La informalidad, además de representar competencia desleal, afecta la recaudación y desincentiva la formalización de nuevos negocios. También priva a los trabajadores de derechos como salario conforme a la ley, seguridad social y estabilidad laboral.
Alejandro Kaffati, oficial de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), señaló que siete de cada diez hondureños ocupados lo hacen en la informalidad. “La informalidad no solo genera competencia desleal, también provoca precariedad laboral. Ningún país en el mundo ha logrado desarrollarse con niveles tan altos de informalidad”, afirmó.
Actualmente, la economía informal representa un 44 % del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a unos 300 mil millones de lempiras. El Estado deja de percibir al menos 50 mil millones de lempiras al año, fondos que podrían invertirse en infraestructura, salud, educación y programas sociales.
Por su parte, Victorino Carranza, presidente del Gremio de la Micro y Pequeña Empresa (Gremipe), opinó que “muchos negocios formales prefieren pasarse a la informalidad para evitar responsabilidades tributarias y laborales. La canasta básica sube, los costos de energía aumentan, la importación se encarece; todo influye. Nos piden formalizarnos, pero no nos dan financiamiento”.
Con una tasa de empleo informal del 82.6 %, Honduras ocupa el segundo lugar en Centroamérica y República Dominicana, solo superada por Guatemala (83.2 %), según el Boletín Competitivo Regional de julio de 2025.
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