Tegucigalpa, Honduras. El Ministerio Público (MP) reveló en el requerimiento fiscal contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y otros exfuncionarios las presuntas maniobras utilizadas para alterar el quórum legislativo y aprobar el Decreto 58-2025, mediante el cual se ordenaba revisar los resultados de las elecciones generales.
Según las investigaciones, las irregularidades ocurrieron durante la sesión legislativa celebrada en la madrugada del 8 de enero de 2026, cuando la junta directiva paralela habría incorporado diputados suplentes sin respetar los límites de sustitución entre bancadas políticas.
El expediente establece que los suplentes únicamente podían sustituir a diputados propietarios de su misma agrupación política. Sin embargo, la bancada oficialista del período anterior incorporó a 29 suplentes, pese a contar con 50 escaños propietarios obtenidos en las elecciones generales.
De acuerdo con la Fiscalía, esta maniobra permitió registrar una asistencia de 71 diputados y presentar como válida una sesión que, según la acusación, carecía del quórum legalmente requerido.
"La sesión se realizó sin el quórum jurídicamente válido y donde la encausada Luz Angélica Smith en su condición de secretaria faltó a la verdad al dar fe", señala el requerimiento presentado por la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (Unaf).
71
diputados
según el Ministerio Público, esa fue la asistencia registrada durante la sesión del 8 de enero de 2026, pese a que el quórum habría sido conformado irregularmente mediante la incorporación de diputados suplentes.
El propósito de la sesión era aprobar un informe elaborado por comisiones paralelas que ordenaba la revisión de más de 19,000 juntas receptoras de votos, después de los comicios generales.
La Fiscalía sostiene que estas decisiones invadieron competencias constitucionales exclusivas del Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo encargado de administrar los procesos electorales y oficializar sus resultados.
Publicación del decreto
Las investigaciones también alcanzan a la Empresa Nacional de Artes Gráficas (Enag), responsable de publicar las disposiciones oficiales en el diario La Gaceta.
Según el expediente, el entonces gerente de esa institución, Edys Antonio Moncada Eguigure, se habría negado previamente a publicar la declaratoria oficial de ganadores emitida por el CNE, pero posteriormente dio trámite expedito al decreto aprobado durante la cuestionada sesión legislativa.
Para el Ministerio Público, estas actuaciones forman parte de las presuntas irregularidades cometidas durante el proceso de aprobación y publicación de disposiciones legislativas.
A partir de estos hallazgos, la Fiscalía solicitó a la Corte Suprema de Justicia órdenes de captura nacionales e internacionales contra los implicados.
En el caso de Luis Redondo, la jueza natural Anny Belinda Ochoa Medrano ordenó su captura y solicitó una notificación roja ante Interpol, de acuerdo con el expediente VP-09-2026.
Al exfuncionario se le imputan los presuntos delitos de perturbación ilícita del funcionamiento de las instituciones, dos cargos por violación de los deberes de los funcionarios públicos y usurpación de funciones públicas.
La resolución judicial establece que, una vez detenido, Redondo deberá ser puesto a disposición del despacho judicial en un plazo de 24 horas para celebrar la audiencia de declaración de imputado.
El proceso se desarrolla bajo reserva judicial y, hasta ahora, se desconoce el paradero exacto del expresidente del Congreso, quien ha ofrecido entrevistas públicas mediante la plataforma Zoom.
Más implicados
El requerimiento fiscal también incluye a la exsecretaria legislativa Luz Angélica Smith Mejía y a los legisladores Hugo Rolando Noé Pino, Carlos Alexis Raudales Maradiaga, Karen Vanessa Martínez Barahona y Josué Fabricio Carbajal Sandoval.
Asimismo, figuran Juan Alberto Barahona Mejía, Silvia Bessy Ayala Figueroa, Osman Danilo Chávez Guity, Kritza Jerlin Pérez Gallegos, Linda Frances Donaire Portillo, Scherly Melissa Arriaga Gómez y Edgardo Antonio Casaña Mejía.
La acusación alcanza además al exgerente de la Enah, Edys Antonio Moncada Eguigure, por su presunta participación en la publicación de las disposiciones legislativas cuestionadas.
Los señalados deberán responder ante la justicia por los delitos que individualmente les atribuye el Ministerio Público, en un proceso que busca establecer las responsabilidades penales derivadas de la sesión legislativa y la aprobación del Decreto 58-2025.
