Tegucigalpa, Honduras. Luis Redondo y otros exintegrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional fueron acusados por el Ministerio Público por un total de 21 delitos relacionados con su gestión en el Congreso Nacional.
La acusación contra Luis Redondo y otros 13 exintegrantes y funcionarios vinculados a la extinta Comisión Permanente del Congreso Nacional quedó en manos de la jueza natural Anny Belinda Ochoa, designada por la Corte Suprema de Justicia para conocer el proceso.
El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, confirmó que la Secretaría General de la Corte recibió el requerimiento fiscal contra 14 personas, a quienes el Ministerio Público atribuye un total de 21 delitos relacionados con actuaciones dentro del Poder Legislativo. “Hemos confirmado que se ha recibido esta acusación presentada por parte del Ministerio Público en la cual se incluye a 14 personas y más o menos 21 delitos”, explicó Duarte.
Los cargos. La Fiscalía acusa a Luis Redondo de perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, usurpación de funciones y dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios, por actuaciones durante su gestión al frente de la Comisión Permanente.
Según el Código Penal, la perturbación ilícita contempla penas de tres a seis años de prisión, mientras que la usurpación de funciones establece de uno a cuatro años. La violación de los deberes de los funcionarios contempla inhabilitación especial de tres a seis años.
La diputada Luz Angélica Smith Mejía enfrenta acusaciones por falsificación de documentos públicos, usurpación de funciones y violación de los deberes de los funcionarios.
Por los mismos delitos fueron acusados los diputados de Libre Hugo Noé Pino, Fabricio Sandoval, Kritza Pérez, Linda Donaire, Scherly Arriaga y Edgardo Casaña, así como los excongresistas Carlos Raudales, Karen Martínez, Juan Barahona, Silvia Ayala y Osman Chávez. También figura Edis Moncada, exgerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (Enag), acusado de violación de los deberes de los funcionarios.
Presentación voluntaria. El abogado Darwin García presentó un escrito ante la Secretaría General de la Corte en representación de Linda Donaire, Kritza Pérez, Hugo Noé Pino, Luz Angélica Smith, Edgardo Casaña y Scherly Arriaga.
En el documento anunció el sometimiento voluntario de sus representados al proceso penal y solicitó que se fije fecha y hora para la audiencia de declaración de imputado.
Decisiones cuestionadas
La Comisión Permanente, encabezada por Redondo, protagonizó varias controversias políticas, entre ellas el nombramiento interino de Johel Zelaya como fiscal general y Mario Morazán como fiscal general adjunto.
La oposición cuestionó esas designaciones al considerar que correspondían al pleno de los 128 diputados y no a una comisión integrada por nueve legisladores. Otra actuación polémica ocurrió durante las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, cuando la Comisión Permanente anunció que no validaría los resultados electorales y se pronunció sobre los plazos legales y la declaratoria del Consejo Nacional Electoral (CNE).
La instancia también conoció solicitudes de ascensos policiales y militares, ordenó elaborar informes sobre la legalidad de las autoconvocatorias de diputados opositores y dispuso publicar en La Gaceta resoluciones relacionadas con su instalación y funcionamiento.
“Hubo personajes que se embriagaron de poder”
El director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, afirmó que algunos exfuncionarios se “embriagaron de poder” durante la administración del Congreso Nacional encabezada por Luis Redondo y consideró que el requerimiento fiscal contra el expresidente del Legislativo y otros exintegrantes de la Comisión Permanente debe seguir el debido proceso.
“Lamentablemente, hubo personajes que se embriagaron de poder y creyeron que podían administrar un poder del Estado de manera discrecional sin observar lo que ya establece la legislación hondureña, pero también las buenas prácticas internacionales en derecho”, expresó Hernández.
Recordó que “el poder es efímero”. El representante de la sociedad civil sostuvo que lo ocurrido durante el período anterior debe dejar lecciones para los funcionarios públicos.
