Bogotá, Colombia. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió sobre las persistentes amenazas a la libertad de prensa en Honduras, en un escenario marcado por agresiones, hostigamiento, estigmatización de periodistas, ataques digitales y elevados niveles de impunidad, de acuerdo con el informe sobre el país presentado en el marco de su 82.ª Asamblea General, celebrada en Bogotá, Colombia.
El organismo regional señaló que los riesgos son particularmente elevados para periodistas y medios de comunicación que investigan presuntos actos de corrupción, crimen organizado, narcotráfico y otros asuntos de especial sensibilidad política.
Entre los datos más relevantes, la SIP destacó que el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) documentó 60 agresiones contra la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso a la información pública durante el primer semestre de 2026.
Asimismo, el informe recoge cifras del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), según las cuales durante 2025 se atendieron 208 quejas relacionadas con presuntas violaciones a las libertades de pensamiento y expresión.
La SIP también alertó sobre los riesgos que enfrentan los comunicadores debido a amenazas, intimidaciones y desplazamientos forzados, así como por nuevas modalidades de hostigamiento en plataformas digitales, que han afectado publicaciones y cuentas de medios independientes.
Caso Roosevelt Hernández
Uno de los asuntos más relevantes recogidos en el informe es el proceso judicial contra el general en retiro Roosevelt Hernández, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, investigado por presuntos delitos relacionados con ataques a la libertad de prensa.
El Ministerio Público presentó en julio de 2026 un requerimiento fiscal contra el exjerarca militar, a raíz de publicaciones y señalamientos difundidos por un medio digital institucional de las Fuerzas Armadas, que periodistas denunciaron como parte de una presunta campaña de desacreditación.
Entre los elementos centrales de la investigación figura la publicación “Sicarios de la verdad”, difundida el 26 de mayo de 2025, que señaló públicamente a periodistas hondureños. Según la investigación fiscal reseñada por la SIP, esos contenidos y otros señalamientos habrían contribuido a estigmatizar a comunicadores y afectar el ejercicio de la libertad de prensa.
El informe identifica a los periodistas Rodrigo Wong Arévalo, Juan Carlos Sierra, Dagoberto Rodríguez y José Adán López como denunciantes en el caso, quienes han manifestado que buscan garantías para el debido proceso y el respeto a la libertad de expresión.
El 1 de septiembre de 2026, una jueza dictó auto de formal procesamiento contra Hernández y le impuso medidas sustitutivas a la prisión preventiva. La defensa apeló la resolución el 4 de septiembre y solicitó el sobreseimiento definitivo. Al momento del informe de la SIP, el caso permanecía pendiente de una decisión de la Corte de Apelaciones.
El 15 de octubre, dos organizaciones de derechos humanos presentaron un escrito de amicus curiae para solicitar una resolución oportuna y el respeto de las garantías de todas las partes.
Hernández ha rechazado las acusaciones y ha sostenido que las publicaciones cuestionadas estaban amparadas por la libertad de expresión. El proceso deberá continuar conforme a la ley y con respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.
Honduras permanece en la categoría de alta restricción
La evaluación de la SIP también recuerda que Honduras ocupó el puesto 16 entre 23 países evaluados en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa de las Américas 2025, con 35,64 puntos sobre 100, dentro de la categoría de “alta restricción”.
Según el organismo, el país permanece en esa categoría desde 2023, una situación que refleja las dificultades estructurales que enfrenta el ejercicio de las libertades informativas.
A ello se suman las agresiones registradas durante el proceso electoral de 2025. C-Libre documentó 50 alertas de agresiones con motivación política durante la etapa preelectoral, la jornada de votación y los dos meses posteriores, con actores estatales y políticos entre los presuntos responsables.
La SIP también recogió preocupaciones sobre el Decreto No. 84-2026. C-Libre advirtió que algunas de sus disposiciones amplían las facultades estatales de vigilancia, acceso a información sensible e inteligencia, lo que podría tener consecuencias para la privacidad, la libertad de expresión y la protección de las fuentes periodísticas.
La impunidad continúa siendo una de las principales amenazas
La violencia contra periodistas y trabajadores de medios sigue siendo uno de los problemas más graves para la libertad de prensa en Honduras.
De acuerdo con cifras del CONADEH citadas en el informe, 103 personas vinculadas a medios de comunicación murieron de manera violenta entre 2001 y 2026; el 88 % de esos casos permanece impune y solo el 12 % ha derivado en sentencias condenatorias.
Para la SIP, estas cifras evidencian la persistencia de obstáculos para garantizar justicia y protección a quienes ejercen el periodismo.
El informe también documenta ataques digitales contra medios independientes. Entre los casos mencionados figuran denuncias de Contracorriente, que reportó 32 investigaciones afectadas por reclamaciones de presuntas infracciones de derechos de autor en tres días, y de Criterio.hn, que informó sobre la eliminación de al menos 14 publicaciones en Instagram tras reclamos similares.
Estas situaciones se suman a las alertas sobre amenazas, vigilancia, hostigamiento policial y ataques digitales contra periodistas reportadas durante el período.
Llamado a garantizar la libertad de prensa
En su resolución general sobre las amenazas y desafíos a la libertad de prensa en las Américas, la 82.ª Asamblea General de la SIP condenó los actos de violencia contra periodistas y medios, reclamó investigaciones independientes y efectivas y exhortó a los gobiernos a abstenerse de estigmatizar, descalificar o intimidar a quienes ejercen el periodismo.
La organización también exigió garantías efectivas para el acceso a la información pública, rechazó el uso de mecanismos judiciales, administrativos o legislativos para criminalizar o intimidar a periodistas y defendió la protección de las fuentes informativas.
Además, alertó sobre el uso de regulaciones como posibles instrumentos de censura y reclamó que la publicidad oficial sea asignada mediante criterios transparentes, objetivos y no discriminatorios, sin condicionar la independencia editorial de los medios.
El pronunciamiento reafirma que la libertad de prensa constituye una garantía fundamental para la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas, y que ninguna autoridad, actor político o económico debe determinar qué información puede conocer la ciudadanía.
La situación descrita por la SIP plantea a Honduras el desafío de fortalecer las garantías para el ejercicio periodístico, combatir la impunidad y asegurar que las denuncias sobre ataques a la libertad de expresión sean investigadas y resueltas con independencia judicial y pleno respeto a la ley.
