Con la Semana Santa próxima y alrededor de 40 días del mayor movimiento interno de viajeros, el Gobierno iniciará intervenciones en carreteras estratégicas para el turismo y pondrá en marcha un plan de mantenimiento masivo que cubrirá 2,700 kilómetros de la red vial pavimentada.
La recién aprobada Ley Especial de Emergencia Vial no solo busca atender el deterioro generalizado de las carreteras, sino establecer un orden de prioridades en el que los corredores turísticos jugarán un papel central.
La estrategia responde a una realidad evidente: los principales destinos del país dependen de vías que presentan baches, fallas en drenajes y cuellos de botella que ponen en riesgo a miles de conductores.
Aníbal Ehrler, ministro de Infraestructura y Transporte, explicó que el decreto aprobado por el Congreso permite actuar de inmediato ante una situación que calificó como crítica. “Lo que tenemos aquí enfrente es simplemente un decreto para atender de inmediato la emergencia que estamos viviendo en el país. La emergencia se centra en dos puntos bien importantes”, expuso Ehrler.
El plan inicial contempla bacheo puntual para eliminar los daños más severos, mecanización y recuperación de cunetas para evitar que el agua circule sobre la calzada, así como limpieza manual del derecho de vía para mejorar la visibilidad y la seguridad.
“Hay muchas carreteras que no están en condiciones ni siquiera mínimas para la circulación y que están produciendo muchos accidentes. Si la carretera tiene muchos baches y circulan muchos más vehículos que lo normal, van a incrementar el número de accidentes”, advirtió el ministro.
Además del mantenimiento inmediato, la planificación incluye un componente preventivo de cara al invierno. La intención es estabilizar la red antes de las lluvias y evitar cortes que históricamente han aislado comunidades enteras. Este enfoque contempla no solo la red pavimentada, sino acciones complementarias como dragado y mantenimiento de bordos en el Valle de Sula.
En el caso del corredor turístico hacia el litoral atlántico, la intervención será prioritaria. Se prevé la ampliación de los cinco puentes más cercanos a El Progreso, con el objetivo de reducir los congestionamientos que en temporadas altas pueden superar la hora y media de espera.
“En las próximas horas se comenzarán los trabajos e intervención, por ejemplo en la CA-13, una carretera de mucha importancia para el turismo y otros rubros”, confirmó Ehrler. La ejecución estará acompañada por un esquema de supervisión externa y monitoreo público. Cinco empresas serán contratadas para formular, supervisar y reportar avances diarios.
Presupuesto inicial para el mantenimiento
Además, se habilitará una plataforma digital donde la ciudadanía podrá consultar en tiempo real los puntos intervenidos, con fotografías del antes y después y el detalle de la inversión realizada.
“Usted va a poder entrar a un link, ahí va a aparecer el mapa de Honduras y ahí van a ir apareciendo los puntitos de intervención que usted los va a tocar y va a ver la foto del antes, la foto del después, el sitio exacto donde se realizó y qué fue lo que se realizó”, explicó el titular de la SIT.
El presupuesto inicial para el mantenimiento oscila entre 750 y 800 millones de lempiras. El decreto también contempla la compra de maquinaria que será entregada a municipalidades para atender la red no pavimentada, bajo un modelo coordinado con los gobiernos locales.
Mario Pérez, diputado y presidente de la comisión especial, defendió la declaratoria de emergencia como una medida necesaria ante el deterioro de la infraestructura vial. “Es una situación grave, es una situación de crisis y requiere medidas excepcionales, rápidas, ágiles, pero que aun así deben ser transparentes, confiables, deben estar auditadas”, manifestó Pérez.
El legislador explicó que el decreto establece precios unitarios fijos para cada actividad, como bacheo y limpieza de cunetas, con el fin de evitar discrecionalidad en la contratación directa.
Asimismo, contempla auditorías preventivas y posteriores a cargo del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), además de informes trimestrales que el Poder Ejecutivo deberá presentar al Congreso.
El proyecto tendrá un plazo de un año y podrá prorrogarse únicamente por decisión del Congreso Nacional. Cada tres meses, el Poder Ejecutivo deberá informar sobre los avances y resultados, los cuales serán analizados por una comisión de diputados.
“Otra cosa importante es que el bacheo lo van a realizar las empresas que están precalificadas con los más altos estándares, son empresas categoría A que tienen mucha maquinaria, mucho personal y hoy se requiere que también tengan disponibilidad económica porque no van a recibir pago inmediato. Van a comenzar a hacer el bacheo de buena fe”, agregó Pérez.
Para Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, la aprobación unánime envía un mensaje político en un momento de alta expectativa ciudadana.
“Aprobamos por unanimidad la Ley Especial de Emergencia Vial, para actuar de inmediato en carreteras dañadas, prevenir inundaciones y fortalecer a los municipios en todo el país con la entrega del kit de maquinarias. Significa menos peligro en el camino, más seguridad para quienes viajan, y respuestas reales donde antes solo había espera”, expresó Zambrano.
