En los últimos años, el Estado de Honduras ha incumplido con la asignación presupuestaria a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), y la deuda acumulada supera los 1,100 millones de lempiras.
En la administración reciente (2022-2026) quedó un saldo pendiente de 719 millones de lempiras, mientras que durante el Gobierno de Juan Orlando Hernández (2018-2022) la deuda era de 420 millones de lempiras que no fueron transferidos a las cuentas de la máxima casa de estudios.
La falta de financiamiento completo genera diversas repercusiones para la universidad, que impactan directamente en la apertura de nuevas carreras, el desarrollo de infraestructura y la ejecución de proyectos académicos, así como en el cumplimiento oportuno de pagos a proveedores, indicaron autoridades universitarias.
Eduardo Joaquín Gross, secretario ejecutivo de Administración y Finanzas de la Unah, explicó que esos fondos ya se encuentran precomprometidos bajo un modelo contractual, lo que implica que su desembolso es indispensable para cumplir obligaciones previamente adquiridas, las cuales deberán ser honradas durante 2026.
A esta cifra se suman 40 millones de lempiras en gastos de capital, además de otros compromisos financieros que distintas instituciones del Estado mantienen con la universidad.
Entre ellos figuran deudas de la Secretaría de Salud y del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), relacionadas con el pago de becas estudiantiles.
El funcionario detalló que, aunque las becas fueron cubiertas el año pasado con recursos propios de la Unah para no afectar a los estudiantes, en 2026 la universidad decidió no adelantar estos pagos hasta que las transferencias correspondientes sean efectuadas por las entidades responsables.
Ante la brecha presupuestaria, las autoridades universitarias solicitaron la conformación de una mesa técnica con la Secretaría de Finanzas, con el objetivo de esclarecer el cálculo real del 6% constitucional.
Según estimaciones de la Unah, la institución debería recibir alrededor de 16,000 millones de lempiras anuales; sin embargo, el presupuesto asignado para este año asciende a 8,600 millones, es decir, cerca del 50% de lo que correspondería por mandato constitucional. Esta estimación no fue contrastada con la Secretaría de Finanzas.
Gross indicó que, aunque el presupuesto de 8,600 millones se mantendrá sin recortes ni incrementos durante el presente año, el respaldo financiero continúa siendo insuficiente para cubrir las necesidades de la universidad.
Las autoridades universitarias esperan que el diálogo con la Secretaría de Finanzas permita transparentar las cifras y sentar las bases para un financiamiento acorde con lo que establece la Constitución.
