El Congreso Nacional aprobó esta noche la intervención de la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG), suspendiendo atribuciones clave del Consejo Superior Universitario (CSU) y creando una Comisión para la Gestión Universitaria que asumirá el control administrativo de la institución durante 12 meses.
La medida establece que la nueva comisión ejercerá funciones que hasta ahora correspondían al CSU, específicamente las contempladas en el artículo 39, incisos a), b), c), h) e i) del Estatuto de la UNAG, publicado en el diario oficial La Gaceta número 34,525 del 23 de diciembre de 2017.
Mientras se designan el Consejo Superior Universitario, la Junta de Dirección Universitaria (JDU) y la Rectoría, este órgano temporal se convertirá en la máxima autoridad administrativa de la universidad.
El decreto también ordena la realización de una auditoría forense sobre el manejo de los recursos públicos recibidos por la institución en los últimos cinco años.
Este proceso se desarrollará a través del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y otras entidades externas, con el fin de garantizar la transparencia en la gestión financiera y en los procesos de elección de autoridades universitarias.
La Comisión para la Gestión Universitaria estará integrada por cinco profesionales universitarios. Tres serán seleccionados y nombrados por una Comisión Especial del Congreso Nacional, uno de los cuales la presidirá. Además, participará un representante de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería y un egresado de la UNAG, refrendado por esa misma Secretaría.
El período de funciones será de 12 meses, prorrogables previa aprobación legislativa. Entre sus facultades se incluye la selección y nombramiento, mediante concurso público y con base en méritos, de los miembros de la Junta de Dirección Universitaria en un plazo máximo de tres meses.
También podrá revocar dichos nombramientos, designar a un rector o rectora interino(a), revisar los procesos de adquisición de bienes y servicios, solicitar informes sobre la ejecución presupuestaria y proponer la reorientación de inversiones.
Asimismo, deberá velar por la transparencia en las elecciones de autoridades universitarias previstas para 2026 y 2027, presentar un plan de rescate administrativo orientado a una gestión eficiente y digital, emitir un informe sobre hallazgos en gestiones anteriores y proponer un programa de admisión estudiantil conforme al Estatuto. Sus resoluciones serán de estricto cumplimiento dentro del marco del decreto.
La comisión tendrá la obligación de rendir informes trimestrales al Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo, detallando las decisiones adoptadas, actividades ejecutadas y propuestas de mejora administrativa y académica.
En un plazo de cinco días hábiles deberá aprobar su normativa interna de funcionamiento; mientras tanto, se regirá por la Ley General de la Administración Pública.
El quórum para sesionar será la mitad más uno de sus integrantes.El decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta. La disposición fue aprobada en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, en Tegucigalpa, municipio del Distrito Central.
