El sector de la micro, pequeña y mediana empresa (mipyme), que genera el 70% del empleo en Honduras, espera que el gobierno entrante lo apoye mediante programas de créditos blandos, impuestos preferenciales para la compra de materia prima, incentivos para la legalización y la aprobación de una ley que sustituya a la derogada Ley de Empleo por Hora.
Para muchas mipymes, 2025 fue un año particularmente difícil. Las ventas se vieron mermadas hasta en un 50%, especialmente durante la época de Navidad y fin de año, que históricamente ha sido una de las más activas para el sector.
Esta situación marca un inicio de 2026 poco alentador; sin embargo, los empresarios señalan que el panorama podría mejorar con la llegada del nuevo gobierno, encabezado por Nasry Asfura, presidente electo.
Javier Pineda, presidente de la Asociación Nacional de la Micro y Pequeña Industria de Honduras (Anmpih), manifestó a LA PRENSA que confían en un cambio para la industria y una mejora general en la economía, ya que esto beneficia a todos y repercute en una mayor generación de empleo.
“Esperamos una mayor inversión extranjera, para que haya mayor movimiento económico, que vengan nuevas empresas, que los sectores más afectados se recuperen; todo eso nos beneficia a todos”, apuntó.
Pineda reconoció que el Gobierno de Xiomara Castro, mediante el Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (Senprende), apoyó a algunas mipymes con ciertos programas; no obstante, señaló que el sector, por su aporte a la economía nacional, requiere mayores incentivos.
“Esperamos un cambio. Necesitamos que bajen los impuestos para materia prima y equipo para producción, porque en Honduras hay muchas facilidades para comprar artículos para el hogar con pagos de minicoutas y demás, pero para producir no hay facilidades. Uno debe pagar al contado y son grandes cantidades”, lamentó.
Por producir e incentivar la economía, la mipyme debería acceder a tasas de interés preferenciales; sin embargo, actualmente enfrenta intereses que superan entre el 20% y 24%, al ser catalogada como un sector “de riesgo”.
Es importante señalar que, para acceder a estos fondos, los micro y pequeños empresarios deben estar formalizados, aunque la informalidad sigue predominando en el país.
En Honduras operan 1.2 millones de empresas, en su mayoría micro y pequeñas, de las cuales menos del 30% son formales. Hasta 2024, estadísticas oficiales indican que más de 300,000 negocios surgieron en la informalidad en cuatro años.
Para revertir esta situación se requiere más que simplificación administrativa y permisos expeditos. Para los expertos, el problema es integral: altos costos operativos y limitado acceso a créditos blandos reducen las opciones de crecimiento. Exportar sus productos sigue siendo un sueño que solo se concreta en el 1% de las mipymes, señalan.
Datos de la Oficina de Registro Mercantil, que opera en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), indican que de enero a noviembre de 2025 se registraron 6,707 nuevas empresas, una cifra superior a la del mismo período de 2021, 2022 y 2023, aunque 259 menos que en 2024.
La mayoría de estas empresas son microempresas, registradas con un capital mínimo de 5,000 lempiras.
Efraín Rodríguez, expresidente de la Anmpih, explicó a este rotativo que el gobierno saliente benefició, mediante la creación de cajas rurales y capital semilla, a más de 2,000 mipymes, una iniciativa que, a su juicio, debe retomarse y ampliarse por el gobierno que asumirá el 27 de enero de 2026.
“Nos quedaron a deber con un programa de crédito como Crédito Solidario, que era un buen programa, sobre todo para el sector informal, porque prestaban desde cinco mil hasta doscientos mil lempiras con pocos intereses. Con eso se invertía en la empresa. Es algo que debe crear el nuevo gobierno”.
Rodríguez señaló que debe aprobarse una ley que reemplace la derogada Ley de Empleo por Hora, con cuya eliminación —según estimaciones de la empresa privada— se perdieron más de 44,000 empleos directos.
“Se debe corregir lo que no está bien, pero no eliminar leyes con las que se genera empleo, sobre todo para los jóvenes”, añadió.
A su juicio, se debe impulsar un proyecto para formalizar al menos 50,000 mipymes a nivel nacional durante los próximos cuatro años. “El costo de la energía también nos afecta en la productividad”, acotó.
El ingreso masivo de productos chinos a precios irrisoriamente bajos está afectando gravemente a los productores nacionales, como el sector calzado, cuyos representantes también esperan un cambio.
Román Gonzales, presidente de la Asociación de la Industria del Calzado Hondureño (Asincah), en el Valle de Sula, declaró a LA PRENSA que los productores de la zona norte ya mantienen pláticas avanzadas con el gobierno entrante.
“El presidente electo, don Nasry Asfura, sabe de nuestras necesidades y de las problemáticas que afronta el gremio. Todo eso se le presentó de forma detallada. Solo estamos esperando que tome posesión y conforme su gabinete para presentarle los proyectos que ayudarán a rescatar empleos y potenciar la producción del calzado hondureño”.
Gonzales detalló que durante el gobierno saliente no hubo compra de zapatos escolares, a lo que se suma la invasión de producto chino, calzado usado estadounidense y la falta de préstamos con bajas tasas de interés para el sector.
Muchos zapateros, agregó, abandonaron sus talleres para migrar de forma irregular a otros países, principalmente a Estados Unidos, durante los últimos cuatro años.
Para Victorino Carranza, presidente del Gremio de la Micro y Pequeña Empresa (Gremype), el cumplimiento de la Ley para el Fomento y Desarrollo de la Competitividad de la Mipyme, aprobada en 2008, representaría un gran respaldo para el sector.
Explicó que esta normativa contempla promoción de productos, financiamiento, acceso a créditos, apoyo a la exportación, programas de capacitación y compras estatales a las mipymes; sin embargo, afirmó que nunca se ha cumplido plenamente.
Actualmente, la economía informal en Honduras representa el 44% del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a unos 300,000 millones de lempiras. El Estado deja de percibir al menos 50,000 millones de lempiras al año, recursos que podrían destinarse a infraestructura, salud, educación y programas sociales.
