La Corte de Apelaciones en materia penal resolvió admitir, por unanimidad de votos, un recurso a favor de Iván Abad Velásquez Castro, gerente de Koriun Inversiones, para verificar las condiciones en las que se encuentra en la Penitenciaría Nacional de Támara, donde cumple prisión preventiva.
Velásquez está acusado por los delitos de lavado de activos, portación ilegal de arma de uso permitido y prohibido, y desobediencia.
El recurso legal que protege el derecho a la libertad personal, conocido también como hábeas corpus, fue presentado por su abogado Roberto Carlos Talavera, quien denunció que ni él ni los familiares del imputado han podido tener acceso a él, lo que motivó la acción constitucional.
Carlos Silva, vocero del Poder Judicial, explicó que los magistrados, además de admitir el recurso, nombraron un juez ejecutor, que es un defensor público, para rendir un informe ante el tribunal constitucional para conocer la veracidad de las denuncias y así tomar las medidas correspondientes.
El juez designado deberá trasladarse hasta el Instituto Nacional Penitenciario (INP), específicamente a Támara, para sostener comunicación directa con el director de la cárcel, conocer el origen de la orden que impide las visitas y realizar una entrevista con Iván Velásquez.
De acuerdo con el escrito presentado, el pasado 4 de junio el abogado se presentó al centro penal de Támara para realizar una visita legal a su representado. Después de esperar 30 minutos un agente penitenciario le informó que por orden del director no tenía autorización para realizar ninguna visita, debido a "medidas de seguridad".
Ante esta situación, el abogado solicitó que el director notificara directamente dicha orden para confirmar si la prohibición respondía a requisas dentro de la prisión. Dos horas después se le comunicó que existía una orden expresa que impedía cualquier visita, ya fuera legal o familiar, independientemente de los registros.
Incertidumbre de los clientes
Mientras las acciones judiciales se desarrollan, miles de hondureños siguen esperando que Koriun Inversiones les devuelva el dinero que invirtieron, atraídos por promesas de ganancias semanales del 5 %. Se estima que alrededor de 35,000 inversionistas estaban vinculados al esquema de Koriun Inversiones en Honduras
Tras la captura de Velásquez y la incautación de millones de lempiras, los afectados claman por su dinero. Los socios han denunciado públicamente que depositaron sus ahorros, vendieron propiedades e incluso se endeudaron para participar en la empresa, creyendo en la legalidad de sus operaciones.
El caso sigue generando preocupación nacional, especialmente entre quienes aún tienen la esperanza de recuperar su dinero. A través de diferentes canales de información siguen exponiendo su situación y advirtiendo que seguirán realizando protestas si no obtienen una respuesta de las autoridades o del Gobierno.
Iván Velásquez fue detenido el 14 de mayo sobre la carretera hacia San Manuel, Cortés. Ese mismo día fue presentado ante un juez de Criminalidad Organizada en Tegucigalpa, donde en la audiencia un juez dictó detención judicial y ordenó su traslado a Támara.
Bajo estrictas medidas de seguridad, Velásquez ingresó a la Penitenciaría Nacional de Támara ese 14 de mayo y se fijó la audiencia inicial para el 19 de mayo, cuando se determinó que continuaría bajo prisión preventiva.
El 23 de abril de 2025, la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y Atic realizaron allanamientos en oficinas y en la casa de Velásquez, incautando más de 358 millones de lempiras en efectivo, incluyendo dinero encontrado en su vivienda, y se congelaron provisionalmente cuentas bancarias.
Las autoridades continúan investigando cómo operaba Koriun y de dónde procedían los fondos, puesto que no tenía autorización para operar como entidad financiera supervisada.
