El sorpresivo Consejo de Ministros celebrado el sábado 10 de enero en Casa Presidencial generó expectativas y especulación política, luego de que trascendiera la versión de una supuesta petición de la presidenta Xiomara Castro a las Fuerzas Armadas para entregar el material electoral.
No obstante, una fuente que participó en la reunión aseguró que los señalamientos no corresponden a lo ocurrido durante el encuentro.
De acuerdo con la fuente, en el Consejo de Ministros no se abordó ningún tema relacionado con la destitución del jefe del Estado Mayor Conjunto ni se emitió instrucción alguna a la institución castrense.
“En ningún momento el tema fueron las Fuerzas Armadas. No se habló nada de esos asuntos”, afirmó.
La misma fuente detalló que el general de brigada Héctor Benjamín Valerio Ardón, jefe del Estado Mayor Conjunto, estuvo presente en la sesión, como ocurre de manera habitual en este tipo de reuniones, pero que no tuvo participación activa.
“Él llegó, se sentó donde corresponde y ni siquiera habló. Yo no le escuché la voz”, señaló, al descartar que hubiese existido algún intercambio sobre órdenes o requerimientos hacia los militares.
Según lo expuesto, la reunión se desarrolló conforme a la dinámica ordinaria del Consejo de Ministros, en la que los titulares de las distintas secretarías presentaron informes a la presidenta de la República sobre la situación de sus respectivas áreas.
“Se presentaron informes a la presidenta, cada uno de los que estamos dentro del gabinete de gobierno, y eso fue todo”, sostuvo.
Se vulnera el principio de separación de poderes
La polémica también giró en torno a la maniobra impulsada desde el Congreso Nacional, presidido por Luis Redondo, que pretende asumir el escrutinio general de las actas electorales, una atribución que constitucional y legalmente corresponde al Consejo Nacional Electoral (CNE).
Este intento ha sido calificado por sectores políticos, juristas y observadores como una acción irregular que vulnera el principio de separación de poderes y sienta un precedente institucional delicado para el proceso democrático.
Durante el Consejo de Ministros se analizó el impacto político y jurídico de esta iniciativa, surgida tras la aprobación de un decreto legislativo mediante el cual el Congreso ordena al CNE realizar un escrutinio general total de las actas y advierte que, de no hacerlo, será el propio Legislativo el que asuma esa función.
Para críticos de esta postura, el argumento utilizado por Redondo, basado en el artículo 205, numeral 7, de la Constitución, resulta forzado y descontextualizado, ya que el CNE ya habría cumplido con su obligación constitucional de declarar los resultados, aun cuando estos no hayan sido publicados en el diario oficial La Gaceta.
El presidente del Congreso Nacional, quien asistió al Consejo de Ministros en calidad de invitado, reiteró públicamente su intención de avanzar con el conteo desde el Legislativo si el CNE no ejecuta un nuevo escrutinio, lo que ha intensificado la confrontación entre poderes del Estado.
Esta posición ha sido interpretada como una presión directa sobre el órgano electoral y como un intento de reabrir un proceso ya concluido, generando incertidumbre política y cuestionamientos sobre la legalidad de que un poder del Estado pretenda asumir competencias que no le corresponden dentro del marco electoral vigente.
