Ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia fue presentado un recurso de inconstitucionalidad para detener la ejecución del Decreto Legislativo No. 58-2025, aprobado por diputados del partido Libertad y Refundación (Libre) el jueves 8 de enero en una sesión sin quorum.
El recurso argumenta que la normativa invade competencias exclusivas del Consejo Nacional Electoral (CNE) y amenaza el orden constitucional y la sucesión presidencial en Honduras.
La acción fue interpuesta por Hermes Faustino Ramírez, abogado, quien solicitó que la Sala declare la existencia de un conflicto positivo de competencias entre el Poder Legislativo y el CNE.
Según el escrito, el Congreso Nacional habría usurpado atribuciones constitucionales al aprobar un decreto que anula de forma implícita la declaratoria oficial de las elecciones generales emitida por el órgano electoral en diciembre de 2025.
De acuerdo con la acción presentada, el Decreto Legislativo No. 58-2025 no solo desconoce la declaratoria oficial de resultados, sino que además ordena de manera expresa un nuevo escrutinio general total de las actas de cierre en los tres niveles electivos, una función que la Constitución y la ley asignan de forma exclusiva al CNE.
El documento sostiene que esta actuación del Congreso representa una invasión directa de competencias, al pretender asumir funciones electorales que no le corresponden, lo que configuraría un grave precedente institucional y una amenaza a la autonomía del ente rector de los procesos electorales.
En la acción constitucional también se solicita que, desde el auto de admisión, la Sala de lo Constitucional decrete como medida cautelar la suspensión provisional del Decreto Legislativo No. 58-2025, así como de cualquier acto de ejecución derivado, incluidos eventuales recuentos de votos o la asunción de funciones electorales por parte del Congreso Nacional.
El argumento central del recurso es la existencia de un riesgo de daño grave e irreparable al orden constitucional, a la voluntad popular expresada en las urnas y a la estabilidad institucional del Estado. El escrito advierte que permitir la ejecución del decreto podría generar una parálisis en la sucesión constitucional a nivel presidencial, con consecuencias políticas y jurídicas de alto impacto.
Partes señaladas en el proceso
La acción constitucional se interpuso contra el Congreso Nacional, representado por Luis Redondo, presidente del Poder Legislativo, señalado como el órgano que habría invadido competencias constitucionales.
Asimismo, se incluyó como parte al Consejo Nacional Electoral, representado por Ana Paola Hall García, consejera presidenta, en su condición de titular del ente constitucional autónomo responsable de la organización, dirección y declaratoria de los procesos electorales.
El escrito solicita que ambas partes sean debidamente notificadas para que expongan su posición y sean oídas por la Sala de lo Constitucional, conforme a lo establecido en la Ley sobre Justicia Constitucional.
En el documento presentado ante la Corte Suprema de Justicia se subraya que, de ejecutarse el decreto legislativo cuestionado, se pondría en peligro la estabilidad institucional del Estado hondureño, al abrir la puerta a que un poder del Estado interfiera de manera directa en funciones que la Constitución reserva a un órgano autónomo.
El promovente sostiene que el caso trasciende un debate estrictamente legal y se convierte en un asunto de defensa del orden democrático, al estar en juego el respeto a la voluntad popular, la autonomía del CNE y el principio de separación de poderes.
La Sala de lo Constitucional deberá pronunciarse sobre la admisión de la acción, la eventual concesión de la medida cautelar solicitada y, posteriormente, resolver el fondo del conflicto de competencias que, según el recurso, podría escalar hacia una crisis constitucional sin precedentes recientes en el país.
