El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) reiteró este sábado a las Fuerzas Armadas de Honduras la necesidad de garantizar la guarda y custodia total del material electoral utilizado en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre de 2025, al considerar que dichos documentos son esenciales para resolver los recursos de apelación actualmente en trámite.
En un comunicado dirigido a la comunidad nacional e internacional, así como a los distintos actores políticos del país, el TJE informó que, en el ejercicio de sus atribuciones jurisdiccionales, ha solicitado formalmente a la institución castrense la preservación del material correspondiente a los niveles presidencial, legislativo y municipal, al tratarse de insumos clave para la resolución de los procesos legales bajo su competencia.
“El Tribunal ha solicitado a las Fuerzas Armadas de Honduras la guarda y custodia total del material electoral (...) documentos legales esenciales desde el punto de vista jurídico para resolver los asuntos de competencia jurisdiccional”, señala el comunicado.
El órgano electoral jurisdiccional hizo un nuevo llamado al Estado Mayor Conjunto para que el requerimiento sea cumplido en estricto apego a la normativa electoral vigente, garantizando la seguridad e integridad de los documentos y materiales electorales en los términos solicitados por el Tribunal.
Asimismo, el TJE recordó que, conforme a la Constitución de la República, las Fuerzas Armadas no están obligadas a obedecer órdenes ilegales, aludiendo directamente al Decreto Legislativo No. 58-2025, publicado el 9 de enero de 2026 en el diario oficial La Gaceta. Según el Tribunal, dicho decreto no puede imponerse sobre el marco constitucional que rige la función electoral.
“El Tribunal de Justicia Electoral recuerda que nadie puede desconocer las declaratorias emitidas por el Consejo Nacional Electoral”, agrega el documento, en referencia a la certificación presidencial emitida el 24 de diciembre de 2025 y a la declaratoria de diputados y corporaciones municipales del 30 de diciembre de 2025, ambas realizadas por el CNE, autoridad administrativa en materia electoral.
El pronunciamiento del TJE se produce en medio de la polémica generada por el decreto aprobado por el Congreso Nacional, el cual instruye al CNE a realizar un escrutinio general de la totalidad de las actas de cierre de las Juntas Receptoras de Votos, pese a que los resultados ya fueron oficializados dentro de los plazos establecidos por la ley.
La iniciativa para revisar más de 19 mil actas electorales fue impulsada por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, dirigente del partido Libertad y Refundación (Libre), quien ha sido señalado por sectores de oposición de exceder las atribuciones del Poder Legislativo y de violentar el orden constitucional.
A estas críticas se suma que la sesión en la que se aprobó el decreto estuvo marcada por la ausencia de diputados opositores, quienes denunciaron haber sido impedidos de ingresar al hemiciclo, lo que ha incrementado los cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento legislativo.
El Tribunal de Justicia Electoral reiteró que continuará ejerciendo sus funciones “con independencia, transparencia y apego a la normativa vigente”, en su calidad de máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral del país.
