El avance del proyecto de reformas al Código Penal contra la extorsión abre una nueva etapa en el Congreso Nacional: no solo se discute el aumento de penas, sino también cómo corregir vacíos legales que, según diputados, han dificultado judicializar este delito.
La iniciativa, presentada por el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, pasó este miércoles 6 de mayo a segundo debate y plantea modificaciones a varios artículos del Código Penal y del Código Procesal Penal.
El trasfondo de la reforma está marcado por el impacto social y económico de la extorsión, especialmente en zonas donde comerciantes, transportistas, pequeños negocios y empresas han denunciado amenazas, cobros ilegales y cierres forzados por presión de estructuras criminales.
Uno de los puntos centrales del proyecto es endurecer las penas cuando las bandas utilicen a menores de edad o adultos mayores para ejecutar acciones vinculadas a la extorsión, una práctica que las autoridades han identificado como una forma de evadir responsabilidades penales más severas.
También se propone agravar los castigos contra reincidentes y contra quienes provoquen el cierre de empresas o negocios como consecuencia de amenazas, intimidación o cobros extorsivos.
El “por qué” de la reforma
Durante la discusión legislativa, diputados señalaron que el problema no se limita a castigar más, sino a mejorar la redacción de la ley para evitar interpretaciones que terminen debilitando los procesos judiciales.
El diputado liberal Alex Berríos explicó que el endurecimiento de penas por sí solo no garantiza una reducción automática del delito, por lo que el enfoque debe estar también en fortalecer las herramientas legales de persecución penal.
“No solo es el aumento de penas, porque el hecho de darle cadena perpetua o no a una persona al final no influye significativamente en la persuasión del delito”, afirmó.
Berríos sostuvo que la reforma busca dejar más claros los tipos penales, los verbos rectores y los alcances de la norma, de manera que el Ministerio Público pueda presentar requerimientos fiscales con mayor solidez y los jueces tengan menos margen para rechazar casos por ambigüedades legales.
“Nos estamos enfocando en que los verbos rectores, artículos y la ley vayan bien claros para que los fiscales puedan presentar requerimientos fiscales sin ningún problema”, agregó.
Lo que sigue
El paquete de reformas todavía debe superar las siguientes etapas de discusión y votación en el Congreso Nacional antes de convertirse en ley. Por ejemplo, ya pasó el segundo debate, pero le falta un tercero, salvo que se dispense.
Al haber avanzado a segundo debate, el proyecto deberá continuar su trámite legislativo hasta llegar a su aprobación final, en caso de contar con los votos necesarios. A
Entre los artículos que se buscan reformar figuran el 272, 373, 374, 375, 473, 522 y 587 del Código Penal, contenido en el Decreto Legislativo 130-2017.
La iniciativa también contempla que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad tenga participación en el diseño de políticas criminales enfocadas en combatir asociaciones delictivas y estructuras vinculadas a la extorsión.
De aprobarse, la reforma pasaría a formar parte de la respuesta legal del Estado frente a uno de los delitos que más presión genera sobre la población, especialmente en sectores productivos golpeados por amenazas, violencia y cobros ilegales.
Las reformas al Código Penal en Honduras generalmente requieren una mayoría simple (65 de 128 votos) para su aprobación en el Congreso Nacional, a menos que la reforma afecte derechos fundamentales constitucionales, en cuyo caso podría requerir una mayoría calificada (86 votos) o procedimientos especiales.
