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Tegucigalpa, Honduras
Contrario a lo afirmado por el Gobierno, los fondos destinados al Bono de Alivio Climático no fueron reactivados, sino que ya se encontraban disponibles en las cuentas del Banco Central de Honduras (BCH).
En un inicio se dijo que el Gobierno habría reactivado un préstamo de emergencia gestionado en 2021 ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, con el objetivo de distribuir el bono climático a más de 100,000 hogares en vísperas de las elecciones generales.
Ahora, en un contexto marcado por la contienda política, también se reportan señalamientos de presunta compra de votos vinculada a la entrega del beneficio.
LA PRENSA consultó al BCIE si había recibido quejas formales a través de sus canales y respondió que “activó de oficio sus procesos internos de diligencia, auditoría y supervisión para la operación bono climático”.
“Reiteramos que el banco mantiene un monitoreo diario de todas las publicaciones que se realizan en medios de comunicación y redes sociales en las que se menciona el nombre de la institución y/o los préstamos que se otorgan. De existir duda razonable, el Banco realiza consultas o reuniones con el Organismo Ejecutor y la Auditoría de la operación para profundizar en la situación o caso identificado”, detalló.
Sobre el préstamo otorgado, la institución financiera informó que el único desembolso realizado desde 2021 fue por un monto superior a 46.3 millones de dólares (1,121.1 millones de lempiras al cambio de ese entonces).
El contrato de 2021 muestra que el BCIE había aprobado 70 millones de dólares —unos L1,600 millones, según el cambio de la época— para “financiar la ejecución del Programa Bono de Alivio a Familias Vulnerables Afectadas por Fenómenos Naturales Producto del Cambio Climático”, pero, según sus registros, nunca se desembolsó esa suma.
La institución financiera multilateral confirmó que “de los US$46,365,252.96 desembolsados en noviembre de 2021, fueron utilizados solamente USD13,650,837.35 (en diciembre 2021), de los cuales se presentaron los documentos de liquidación correspondientes y se realizó una auditoría externa sobre el uso de esos recursos”.
El resto de recursos no utilizados —32,714,415.61 dólares, equivalentes a unos 800 millones de lempiras—, según el último informe del ente ejecutor en septiembre de 2025, “se encontraban a esa fecha en las cuentas del proyecto en el Banco Central de Honduras (BCH)”, detalló el BCIE.
Esto significa que no hubo un segundo desembolso del BCIE, sino que los recursos permanecieron engavetados en el BCH y, en 2025, pasaron al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), que es el encargado de entregar los 7,000 lempiras a los beneficiarios mediante el Programa de la Red Solidaria.
“El préstamo no tuvo movimientos en el periodo de diciembre de 2021 a septiembre de 2025. Las razones de esta inactividad fueron, entre otras, la supresión del Organismo Ejecutor original por parte del Gobierno, el cambio de ente pagador y cambios contractuales requeridos por el BCIE para tener un mayor control sobre el uso de los fondos a partir de los resultados de la Auditoría Externa realizada sobre la utilización de los $13,650,837.35 indicados anteriormente”, aclaró el BCIE.
Mirtha Gutiérrez, la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), afirmó el pasado 15 de octubre, que “no es que el préstamo (del Banco Centroamericano de Integración Económica) hasta ahorita se está utilizando, sino que es toda una reorientación de lo que Honduras había asumido y que fue por la gestión de la presidenta Xiomara Castro”.
Las declaraciones de Gutiérrez fueron una verdad a medias, pues el dinero sí estuvo engavetado en las cuentas del Banco Central. Además, el 22 de julio de 2024 hubo una modificación del contrato firmado en 2021.
El BCIE informó que la primera modificación fue la reducción del préstamo de 70 millones a 46.3 millones de dólares, justo el monto desembolsado en 2021. Incluso, reiteró que ese ha sido el único desembolso realizado desde entonces por concepto del bono climático.
También hubo un cambio del organismo ejecutor, que estaba a cargo de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), y pasó al Programa de la Red Solidaria (PRS).
Además, se cambió el ente pagador del programa: en 2021 estaba bajo el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), pero actualmente los desembolsos los realiza Banadesa.
Otro de los cambios fue la ampliación del alcance de la auditoría externa, para que la firma auditora acompañe al organismo ejecutor en la verificación de beneficiarios, hogares, recibos, liquidaciones, transferencias y reembolsos, así como en el cumplimiento de todos los requisitos.
“Adicionalmente, el ente pagador (Banadesa) agregó mayores niveles de control y seguridad para los procesos de pago, implementando conexiones con el Registro Nacional de las Personas para la validación biométrica facial y dactilar de los participantes, así como pasos de captura de foto de quien cobra y la grabación en video de todo el proceso de pago”, detalló el BCIE.
Gutiérrez defendió la entrega del bono climático porque “la gente nunca ha recibido un beneficio que haga que prevengan y que estén listos para enfrentar esta amenaza y a los riesgos a los que están expuestos, porque vivimos en un país altamente vulnerable. Esa es la realidad y esa es la explicación. Toda la temporada ciclónica y toda la temporada de inundaciones siempre es a partir del último trimestre del año”.
La funcionaria también se refirió a las denuncias de compra de votos a favor de Libre, asegurando que provienen de la oposición, “quienes en 2021 también dieron el mismo bono climático, pero ese gobierno no preparó acciones preventivas para proteger la vida de la gente y se robó el dinero”.
No obstante, el dinero se entrega justo en 2025, año electoral, pese a que en 2024 el país fue golpeado por la tormenta tropical Sara y en 2022 la temporada lluviosa estuvo por encima de lo normal, dejando fuertes inundaciones en el norte y afectaciones en el sur, donde al menos 16 comunidades de la Costa de los Amates quedan desprotegidas cada último trimestre del año.
Medidas populistas del Gobierno
El diputado liberal Marlon Lara calificó la entrega del bono en plena campaña como un conjunto de “medidas populistas que utilizan los gobiernos cuando creen que regalando dinero van a lograr un resultado favorable, cuando han tenido al pueblo padeciendo con muchas necesidades sin darles respuesta”.
“La gente no va a dar su voto o se va a vender por esa tarifa que da el gobierno. El pueblo va a recibir ese dinero y va a darles el voto de castigo en las urnas. Eso no le quepa la menor duda que así va a pasar”, señaló Lara, recordando que ya ocurrió en el gobierno de Hernández.
El parlamentario recordó que el bono climático otorgado en 2020 a las familias afectadas por lluvias superaba los 70 mil lempiras por familia.
“Yo creo que la gente tiene necesidades y hay que apoyarlas. Lo que le duele a la gente y sienten que los quieren chantajear [...] es porque lo están haciendo a un mes de las elecciones. Eso genera indignación. Así que haga lo que haga Libre, tenga la plena seguridad que van a recibir el voto de castigo”, aseguró.
Durante la gestión de la presidenta Castro se entregan 7,000 lempiras por hogar, pero, según Mirtha Gutiérrez, solo a las familias que no han recibido apoyo anteriormente.
Una nota de Sedesol indica que 101,453 personas han sido beneficiadas en siete departamentos, con un monto total que supera los 661.1 millones de lempiras.
Es decir, si se toma en cuenta que en las cuentas del Banco Central había 32.7 millones de dólares (unos 850 millones de lempiras) y se desembolsaron 661 millones, aún queda un excedente de cerca de 190 millones de lempiras.
Honduras tenía disponibles desde 2021 más de 32.7 millones de dólares para el Bono de Alivio Climático. No obstante, Gutiérrez afirmó que hubo una reorientación de recursos para programas sociales que contribuyan al combate a la pobreza, y que el bono “es una medida que se suma a toda una política social de la presidenta para brindar protección social con un nuevo enfoque que es protección social adaptativa”.
El BCIE reiteró a LA PRENSA que este dinero debe ser utilizado exclusivamente para “el Programa Bono de Alivio Climático para las familias afectadas por fenómenos climáticos, de conformidad con el Plan Global de Inversiones (PGI) aprobado por el BCIE”.
Sin embargo, diputados y analistas cuestionan que no se cumple el propósito original, ya que el bono se entrega en lugares que no han sido afectados por inundaciones.
“Hemos identificado que el bono se está entregando en zonas del país que no atienden a la emergencia climática, sino donde el partido de gobierno está débil en estructura y votación, intentando condicionar el voto del elector”, advirtió Juan Carlos Aguilar, director de Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
El experto, al igual que Lara, lamentó que “el dinero estaba haciendo cajas” para ser utilizado en el año electoral.
El analista Lester Ramírez coincidió al condenar que muchas de las ayudas se entregan en Cortés, donde actualmente no hay afectaciones por lluvias.
