Un juez natural designado continuó este jueves la audiencia inicial en la causa contra 10 personas por su presunta participación en el saqueo de más de 3,000 millones de lempiras.
A todos ellos se les acusa de los delitos de fraude, uso de documentos privados falsos, falsificación de documentos públicos y prevaricato judicial.
Entre los acusados se encuentra el subjefe de la bancada del Partido Nacional, Nelson Márquez, quien se presentó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para la continuación de la audiencia inicial.
El parlamentario se encuentra siendo investigado en un presunto caso de corrupción que involucra pagos millonarios e irregulares durante su gestión como ministro de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas) en la época del Huracán Mitch.
Nelson Márquez reafirmó este jueves su inocencia ante los señalamientos del Ministerio Público por presunto fraude y corrupción, asegurando que “no existe ninguna prueba” que lo vincule con delitos cometidos durante su gestión en Sedecoas.
A su llegada al Poder Judicial, donde se desarrolla la audiencia inicial contra él y otros nueve implicados, Márquez afirmó que ha comparecido “cada vez que la autoridad lo requiere” y manifestó su disposición a colaborar con los procesos judiciales.
“Nos corresponde presentarnos cada vez que el órgano lo solicita. Estamos a pocos días de las elecciones y, lógicamente, el pueblo hondureño tomará sus decisiones, lo que esperamos es que la población pueda medir nuestras actuaciones”, expresó el congresista.
El parlamentario insistió en que su defensa ha tenido la oportunidad de demostrar que todas sus actuaciones fueron realizadas dentro del marco legal.
“Nuestros abogados han demostrado en las posiciones que se han presentado que todo se ha hecho de manera correcta y en ley. No existe ninguna prueba en nuestra contra; lo que sí se ha probado es que siempre actuamos conforme a lo que la ley establecía”, señaló.
Márquez sostuvo que mantiene plena confianza en el sistema judicial hondureño. “En ninguna de las funciones que me correspondía hubo delito alguno, estamos confiando en los procedimientos judiciales de nuestro país”, dijo el legislador.
En julio de 2025, un juez dictó detención judicial contra Márquez y varios de los implicados, al considerar que existían indicios razonables de su participación en los delitos imputados.
Días después, las autoridades judiciales modificaron la medida y concedieron arresto domiciliario con vigilancia policial, mientras continúa el proceso judicial. A pesar de las acusaciones, Márquez fue autorizado a mantener su cargo como diputado del Congreso Nacional.
Entre los acusados se encuentran figuras del ámbito político, judicial y legal. Además de Márquez, fueron señalados Lidia Estela Cardona Padilla, ex procuradora general de la República; Martha Vicenta Doblado Andara, ex coordinadora general de Gobierno; y Eva María Vásquez Villanueva, exdirectora legal de Sedecoas–Fhis.
También fueron imputados Juan Fernando Madrid Lezama, apoderado legal de la empresa Nains; Caronte Rojas Zavala, integrante del tribunal arbitral que representaba al Colegio de Abogados; y Murray Paul Farmer, representante legal de la empresa DRC Inc.
El requerimiento incluye además a Irissabel Lucía Miranda Hernández y Raymundo Esaú Gradiz Vilorio. Completan la lista Héctor Alvarado Mejía, exfuncionario de la Procuraduría General de la República, y Rafael Eduardo Chávez Aguilar, receptor judicial.
El origen del supuesto fraude se remonta al año 2000, tras el paso del huracán Mitch. En ese momento, el Estado adjudicó un contrato a la empresa estadounidense DRC Inc., la cual no estaba habilitada para operar en Honduras, esa empresa luego subcontrató de forma aparentemente irregular a Nainsa.
Más tarde, ambas empresas exigieron al Estado mediante demandas basadas en un laudo arbitral, lo que el Ministerio Pública considera no tiene validez legal, porque nunca fue homologado por la Corte Suprema de Justicia.
Se acusa además que para fortalecer estas demandas fraudulentas se utilizaron documentos falsos, reglamentos no publicados oficialmente (en La Gaceta) y decisiones judiciales favorables por parte de jueces que admitieron demandas aún cuando ya había resoluciones que declaraban nulo el laudo.
El 29 de julio pasado fue presentado un requerimiento fiscal por parte de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), con apoyo de la Fiscalía para la Transparencia, en el cual se acusa a Nelson Márquez, exfuncionarios, jueces y abogados de integrar una red.
Ese mismo día se ejecutaron órdenes de captura, incluyendo la de Márquez y varios de los otros acusados. Posteriormente, el 5 de agosto de 2025, el Ministerio Público solicitó que Márquez fuera suspendido de su cargo como diputado y que se le aplicara arresto domiciliario, bajo el argumento de que su permanencia en el Congreso podría entorpecer la investigación.
El 6 de agosto de 2025, el juez del caso determinó que Márquez y otros cuatro imputados pasaran a arresto domiciliario, con vigilancia policial como medida cautelar.
