El acuerdo S.D.N. No. 113-2025, firmado por Orlando Enrique Garner Ordóñez, subsecretario de Defensa, autoriza un nuevo sistema de pagos adicionales para el personal militar adscrito a esa secretaría.
El decreto fue publicado en el número 36,893 del Diario Oficial La Gaceta y entró en vigencia hace casi tres meses. Según el documento, la medida busca ajustar compensaciones económicas y detalla las bases legales y montos correspondientes a cada categoría de personal.
La disposición ha generado críticas de analistas y ciudadanos, quienes cuestionan su aprobación en un contexto previo a las elecciones generales del 30 de noviembre. Los observadores piden mayor transparencia sobre el impacto presupuestario y los criterios de asignación.
El texto oficial no especifica si los pagos son temporales o permanentes, pero establece que deberán financiarse con recursos de la Secretaría de Defensa.
Para los oficiales de alto rango, los “gastos por cargo” ascienden a sumas considerables: un coronel o su equivalente recibirá la impresionante cifra de 33,000. lempiras mensuales.
Un teniente coronel, L 28,000; un mayor, L 20,000; y un capitán, L 15,000. Incluso un joven subteniente tendrá derecho a L 10,000 adicionales cada mes. Estos montos, tal como lo estipula el Artículo 8, se suman a los salarios ya existentes del personal militar.
Mientras tanto, en la base de la pirámide militar, el reglamento es menos generoso, el personal de Suboficiales y Tropa, que constituye la fuerza operativa principal, solo recibirá L 4,000.00 mensuales por concepto de alimentación y movilización (L 2,000.00 para cada rubro).
Esta disparidad, plasmada en el mismo acuerdo, subraya una posible brecha en la compensación, donde los gastos “por cargo” se transforman en una bonificación sustancial para las jerarquías superiores, muy por encima de las necesidades básicas de la tropa.
"Riesgos" y "zonaje"
El Acuerdo se justifica apelando a la necesidad de compensar “riesgos” y “zonaje” (Artículo 3 d) y a que estos pagos contribuyen al “mantenimiento de la moral y a la motivación” (Considerando 08).
Sin embargo, el concepto de “riesgo” en un puesto administrativo en la Secretaría de Defensa Nacional puede ser interpretado como una generalidad que permite justificar pagos elevados sin una correlación directa y transparente con peligros específicos inherentes a la labor de oficina.
Preocupa que el Artículo 6 establezca que el personal “no recibirá más de un beneficio en concepto de pago de gastos por cargo”, pero al mismo tiempo advierta sobre “responsabilidad civil, penal y administrativa” por contravenciones.
Esto, lejos de ser una salvaguarda, podría interpretarse como una advertencia para no cuestionar el sistema, generando un ambiente de temor a la fiscalización de estos fondos.
El Artículo 11, que permite la actualización de estos montos “tomando en consideración la devaluación de la moneda y la condición económica nacional”, plantea una bandera roja.
Si bien la adaptabilidad es importante, la ausencia de un mecanismo claro de revisión y la dependencia de la “autorización” del Secretario de Defensa y la “aprobación” de la Secretaría de Finanzas, deja la puerta abierta a ajustes futuros que podrían inflarse sin un escrutinio público adecuado.
La existencia de este reglamento, que detalla partidas presupuestarias específicas (Institución 90, Programa 01, Unidad Ejecutora 09, Objeto del gasto 11400 para oficiales; y Unidad Ejecutora 01, Objeto del gasto 25100 y 31110 para suboficiales y tropa), demuestra una planificación minuciosa para estos desembolsos.
La ciudadanía y las organizaciones de sociedad civil tienen el derecho y el deber de exigir a la Secretaría de Defensa Nacional y a las autoridades financieras del país una rendición de cuentas exhaustiva sobre estos “Pagos por Cargo”.
Más beneficiados
La Policía Militar del Orden Público (PMOP) es el otro grupo beneficiado, según el Diario Oficial “La Gaceta”, fechada el 11 de agosto de 2025, ha sacado a la luz el Acuerdo S.D.N. No. 0130-2025.
Este nuevo pacto, no solo autoriza una expansión masiva de la PMOP hasta los 5,000 miembros, sino que formaliza un sistema de jugosos “emolumentos e incentivos” mensuales que, deliberadamente, no se consideran parte del salario.
La medida, justificada bajo la ambigua necesidad de incorporar “personal auxiliar” y compensar servicios, profundiza la preocupación sobre la creciente militarización de la seguridad pública y el uso discrecional de fondos públicos.
Los montos de estos incentivos son significativos y establecen una jerarquía de beneficios. Un coronel de la PMOP se hará acreedor a L 10,000 adicionales cada mes.
Los tenientes coroneles recibirán L 9,300, los mayores L 8,600, y los Capitanes L 7,900. Incluso la yropa de la PMOP y los recién incorporados Auxiliares recibirán L 5,019 y L 4,716.35, respectivamente.
Estos emolumentos se suman a sus sueldos ya existentes, engrosando sustancialmente sus ingresos.
Es crucial destacar que el reglamento especifica que estos pagos son “adicionales, temporales y no gravables, pues no constituyen parte del salario” (Artículo 28). Esta redacción es idéntica a la utilizada en el reciente acuerdo sobre “gastos por cargo” para el personal en la Secretaría de Defensa.
Este mismo Acuerdo, en su Artículo 3, reafirma que el personal de la PMOP está “sujeto al fuero militar”.
Esta disposición es altamente cuestionable, especialmente para una fuerza que interactúa directamente con la población civil en tareas de orden público.
El fuero militar ha sido históricamente una barrera para la justicia y la rendición de cuentas en casos de abusos de poder o violaciones de derechos humanos, y su reafirmación bajo este nuevo acuerdo solo exacerba la preocupación por la impunidad.
La posibilidad de que la PMOP crezca hasta 5,000 efectivos (Artículo 4) implica una inversión presupuestaria masiva en salarios, equipo y, ahora, en estas bonificaciones “no salariales”.
El Artículo 2 también busca garantizar la lealtad absoluta del personal, prohibiendo la pertenencia a “instituciones, agrupaciones u organismos cuyos principios u objetivos sean incompatibles” con los de las Fuerzas Armadas.
Si bien esto puede parecer una medida de cohesión, en la práctica podría interpretarse como un intento de blindar a la institución de cualquier crítica interna o de influencias externas que pudieran demandar mayor transparencia o apego a estándares civiles.
La aprobación de estos millonarios desembolsos, que ahora se suman a los ya cuestionados “Pagos por Cargo” de la Secretaría de Defensa, dibuja un panorama donde las Fuerzas Armadas y sus brazos operativos están asegurándose beneficios financieros considerables, mientras la sociedad civil clama por mayor inversión en áreas sociales fundamentales.
Dudas
El general Isaías Barahona, exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, ha advirtiendo que estos “beneficios” podrían ser una peligrosa “compra de voluntades” con dinero del pueblo.
El general Barahona reconoce un punto positivo superficial, “no es malo y no hay problema con que a los militares se les pague mejor. Siempre los sueldos de los oficiales y de los soldados han sido bastante bajos”.
Sin embargo, esta aparente bondad es eclipsada por la profunda desconfianza en las intenciones detrás de la medida.
La verdadera alarma, según Barahona, reside en la motivación política detrás de estos desembolsos.
“Este gobierno no es un gobierno amigo de Fuerzas Armadas”, sentencia el exjefe militar, añadiendo que “con seguridad no tienen una visión o un alcance de que sea para fortalecer a la institución, sino que probablemente lo están usando como un mecanismo para convencerlos de que sigan aportando a su propia estrategia de partido”.
El General Barahona enfatizó que este tipo de pagos selectivos es “negativo para el país, es dañino para las Fuerzas Armadas y si es en la intención destruye la dignidad de los soldados”.
El militar retirado cuestiona enérgicamente la naturaleza “selectiva” de la medida. “Las medidas selectivas en una institución que funciona uniformemente para todos los propósitos tampoco es positivo”, sostiene.
Barahona es enfático al declarar que si las mejoras salariales son genuinas, “debe ser uniforme para todas las vialidades, uniforme para todos los soldados, de manera que ningún soldado tiene por qué tener una ventaja sobre otro”.
Finalmente, el General Barahona matiza que los pagos extra solo deberían justificarse para misiones particulares que generen un costo adicional real, como desplazamientos a regiones específicas.
La postura del exjefe de las Fuerzas Armadas desnuda la hipocresía de unos beneficios que, si bien pueden aliviar la economía de algunos efectivos, parecen estar contaminados por una intención política de cooptación.
LA PRENSA consultó a las autoridades de la Secretaría de Defensa Nacional sobre estos beneficios otorgados, pero la respuesta no fue la esperada.
El viceministro de Defensa, Orlando Garner, expresó que para tener acceso a más detalles se haga mediante una solicitud de información por los portales de transparencia.,
